La Asociación Alihuen había solicitado al Concejo Deliberante de Santa Rosa que convoque a una audiencia pública para discutir la ampliación del ejido urbano de la ciudad.

El secretario de Hacienda local, Miguel De Elorriaga, había negado públicamente que se pensara una salida en ese sentido.

Pero este jueves, Liliana Robledo confirmó que se formalizará un llamado para habilitar la participación de los vecinos en el tema.

La nota de Alihuén fue a la comisión Administrativa, que no se reunió en la semana. "Como no hubo tratamiento del tema, convoco a audiencia pública", dijo Robledo a El Diario este jueves.

La presidenta del CD explicó que ahora se abrirá un proceso de convocatoria e inscripción para participar de la audiencia que, según estimó, se concretará a fin de mes.

-¿Por qué convocó a la audiencia? -le consultó El Diario.

-Si se hubiera seguido con el Plan Estratético nos hubieramos evitado la necesidad de convocar a la audiencia. Por eso creemos que corresponde hacer una audiencia pública. Para poner en conocimiento de los vecinos y de las fuerzas vivas un proyecto que será para los próximos 15 o 20 años de Santa Rosa. Es una consulta, para poner en conocimiento, e incluso para generar mayor consenso en la población.

-¿Se avanzó en consensuar las modificaciones al proyecto que envio el Ejecutivo?

-Hemos avanzado en dos puntos fundamentales, una tasa diferenciada para aquellos que acumulan tierras, y el concepto de plusvalía, que irá acompañado de la creación de un banco de tieras por el cual el municipio dispondrá de tierras con fines sociales.

-¿Eso ya fue aceptado por el oficialismo?

-Eso es el borrador que estamos preparando. No tenemos un okey del Ejecutivo. La otra cuestión que se propuso, que incluso entró una nota de Stella Maris García, para incorporar un predio que tiene entre dos barrios (al este de la ciudad). Creemos que va a causar el impacto necesario para los beneficiarios del Procrear, hay una primera franja de 300 lotes. En nuestro proyecto eso estaba integrando la zona urbana. En el del Ejecutivo está como zona urbana a futuro. Y nosotros proponemos que estén dentro de la urbanización para poder presentar un proyecto y ponerlo a disposición.

-¿Suman otras zonas a las que propuso el Ejecutivo?

-Son similares a las que habíamos presentado nosotros. Lo que había causado conflicto era el lote de la Frank y la Robustelli. Pero la municipalidad hace un corte en la esquina. Queda afuera ese sector. Después nada más, han contemplado todas las propuestas.

-¿La zona aledaña a ese loteo queda dentro del radio urbano?

-La zona aledaña está adentro. Lo entendemos por una disposición de sevicios. Ellos plantean la ampliación hacia el sur, que ahi hay loteos disponibles. También queremos ver como la burocraci estatal, no de la gestión municipal, sino de todos los trámites, saca todos los loteos en forma conjunta para que haya el impacto social que nosotros queremos. Si con la ampliación de la zona sacamos dos otres loteos, no vamos a bajar los precios, siempre la demanda  va a ser superior.

La concejala insistió con que la idea de la audiencia pública es "generar mayor consenso para poder avanzar con el proyecto" y así como se consultó a los colegios de arquitectos, martilleros o ingenieros, también escuchar a los vecinos y otras instituciones de la sociedad.

El pedido de Alihuen 

Según la nota enviada al cuerpo legislativo municipal el pasado martes 4 de noviembre, desde Alihuén exigieron que se cumpla con la ordenanza 4318/2011, que establece el llamado obligatorio a audiencia pública en cuestiones de problemática ambiental y en la creación de nuevas tasas.

“La ampliación del radio urbano de las ciudades genera en el entorno natural un cambio de uso del suelo, una nueva relación entre el hombre y su medio de mucha mayor presión e influencia sobre las nuevas zonas a habitar, sobre todo en la extracción de recursos -agua, suelo y bosque-, incorporación de nuevas sustancias y especies -escurrimientos superficiales, reservorios, aguas servidas, basurales-, traslado de fauna, migraciones de animales, transmisión de enfermedades, transporte de pasajeros, tránsito vehicular, etcétera. Todo ello tiene relación directa con una problemática ambiental que deber ser prevista, analizada, planificada y atendida”, sostuvieron desde la organización en un comunicado de prensa.

Insistieron que esa obligatoriedad ya fue puesta de manifiesto por el concejal Juan Mecca en la sesión del Concejo del día 27 de marzo de este año, cuando se trataron iniciativas de esta índole.

“La omisión de la convocatoria a la audiencia pública, cuando ésta sea obligatoria, o su no realización por causa imputable al órgano convocante es causal de nulidad del acto que se produzca en consecuencia y el incumplimiento del procedimiento estipulado es causal de anulabilidad de lo actuado”, advirtieron.

La nota está firmada por el presidente de Alihuen, Pablo Pera Ibarguren, y el coordinador de campañas, Leando Altolaguirre.

En el pedido oficial de la audiencia, destacan que desde Alihuen exhortan a “un desarrollo urbano participativo, solicitando la celebración de una audiencia pública para que cada persona y/o institución pueda aportar su punto de vista al proceso de toma de decisiones administrativas”.

Así, consideraron, quienes deben tomar una decisión política accederán “a las distintas opiniones sobre el tema en forma simultánea y en un nivel de igualdad que incremente sustancialmente los alcances de participación, información y de transparencia en la gestión pública municipal a través del contacto directo con los vecinos”.