Las principales autoridades de la Unión Cívica Radical, acompañadas por legisladores provinciales y dirigentes, repudiaron fuertemente la medida llevada adelante por el director de Inspección Laboral, Adolfo Castellanos, de clausurar el edificio de la Municipalidad de Ancasti. Calificaron como “bochorno político” el accionar del funcionario provincial, al mismo tiempo que acusaron al Gobierno de la Provincia de seguir llevando adelante medidas persecutorias y temerarias contra la oposición.

“Rechazamos y repudiamos esta actitud antidemocrática”, indicaron en una conferencia de prensa brindada ayer y presidida por Amado David Quintar, en la que pidieron a la Gobernadora de la Provincia, Lucía Corpacci, que “encauce a sus funcionarios” y los instruya en la “tolerancia” y en el trabajo de la “democracia”.

Sin acusar en forma directa a la primera mandataria como la responsable por lo sucedido y por lo que consideran persecuciones contra municipios del FCyS y militantes radicales desde el inicio de gestión del nuevo gobierno, entienden que “con su silencio es cómplice de lo que está sucediendo”. Y en ese aspecto, para Quintar el viaje que realizó el ministro de Gobierno y Justicia, Francisco Gordillo, hasta el municipio de Ancasti, era porque “no quedaba otra que pedir disculpas por la gravedad de los hechos”.

Si bien sostienen que la UCR no pide la renuncia del titular de Inspección Laboral, afirman que la “evaluación de su accionar” debe ser realizada por Lucía Corpacci, “porque ella lo puso y es quien gobierna la provincia”.

“Se deja un antecedente nefasto”, señaló el diputado Miguel Vázquez Sastre y dijo que tomaron la decisión en el marco de una “supuesta legalidad”. Además agregó que el viaje del ministro Gordillo hasta la villa ancasteña sólo se puede calificar como un “bochorno y un papelón terrible, uno más de este gobierno”. Al mismo tiempo que consideró que lo mínimo que debe hacer el gobierno es pedirle la renuncia a Adolfo Castellanos, “sin perjuicio de que podamos denunciarlo penalmente”. Además, señaló que esta medida es un mensaje claro de algunos funcionarios acerca de que “ellos son el gobierno y van hacer lo que quieran”.

Por su parte Silvina Acevedo dijo que “la gobernadora sigue teniendo a su lado gente que no está a la altura de la circunstancias, que no está colaborando con las nuevas intenciones que pueda tener”. Mientras que Marita Colombo apuntó a la gobernadora, porque “su silencio” sigue avalando el accionar de un sector del gobierno, como la Subsecretaría de Asuntos Municipales, que “vive generando conflicto con los municipios del FCS”.

En silencio

El Esquiú.com intentó por todos los medios comunicarse con el ministro de Gobierno, Francisco Gordillo y con el director de Inspección Laboral, Adolfo Castellanos, para conocer su versión oficial. Sin embargo, ambos funcionarios decidieron mantenerse en silencio