Es que el acuerdo federal plantea interrogantes respecto del ejercicio simultáneo de responsabilidades vedadas por parte del contador Luis Tarrío como presidente de Petrominera Chubut y a la vez Secretario de Hidrocarburos y Minería de la Provincia. Lorenzo consideró que existe colisión con normativas vigentes en la ley de ética pública, instrumento en el que también se prohíben los empleos simultáneos.

“Más allá de que en la Secretaría de Hidrocarburos no está remunerado, sí tiene algunos beneficios del cargo que ocupa y esta cuestión pretendemos analizarla”, expresó. Por eso el pedido de informes, dirigido al mismo Tarrío, incluye la remisión de copias de las resoluciones de la Secretaría de Hidrocarburos desde el 1 de mayo de 2007 a la fecha.

CONTROLES

La discusión sobre la necesidad de establecer controles a las operadoras que explotan el recurso petrolero en Chubut fue retomada por la UCR durante la última sesión en la Legislatura Provincial. Allí, el radicalismo destacó “la importancia suprema” del Acuerdo Federal de Hidrocarburos y recordó que, a pesar de haber sido objeto de debate en ocasión del contrato con la Pan American Energy, “nunca ha venido a la Legislatura para que se apruebe”.

Cabe recordar que el bloque impulsó en las últimas sesiones otras propuestas sobre el mismo tema: por un lado insta a poner límites a la transferencia accionaria en las empresas concesionarias de recursos naturales, abogando por una previa autorización y declaración de “interés público” a través de la discusión parlamentaria y, por el otro, se procura atender la discriminación que sufren las empresas locales y regionales vinculadas con la actividad petrolera y sus trabajadores con respecto a las grandes empresas concesionarias de capitales multinacionales a fin de contar con un marco regulatorio que corrija la desigualdad existente.

Cabe recordar que el Acuerdo Federal de Hidrocarburos apuntó en su artículo 1° a aprobar un proyecto (conocido luego como Ley Corta) para contener, en forma exclusiva, las medidas necesarias para que las provincias productoras puedan administrar en forma plena la totalidad de los yacimientos de hidrocarburos y áreas de exploración que se encuentran en sus territorios, en el marco de la ley Nº 17.319 y su reglamentación y de la legislación de seguridad y medio ambiente.

Además, se establecía la creación de comisiones para conformar una base integral de datos de hidrocarburos en todo el país y definir los transportes a transferir a las provincias con su metodología. Por eso Lorenzo planteó que “pretendemos saber no qué ha pasado con la Ley Corta que existe, sino con el resto de las cuestiones acordadas en aquel convenio”, añadiendo otro requerimiento acerca del cumplimiento del artículo 5° de esa norma que determinó un acuerdo de transferencia de información petrolera entre los distintos distritos y el gobierno nacional.