El gobierno y los sindicatos de Bolivia anunciaron ayer un acuerdo para estatizar y ampliar el sistema de pensiones que desde hace más de una década administran dos fondos privados, una de las reformas más ambiciosas del presidente Evo Morales.

El proyecto de ley concertado tras cuatro años de negociaciones, que incluye la rebaja de la edad de jubilación de 65 a 58 años, con edades incluso menores para mineros y madres, será remitido de inmediato a la Asamblea Legislativa Plurinacional, dijo el gobernante en conferencia de prensa.

“Esta es la nueva política de redistribución del aporte de los trabajadores, para la búsqueda de reducir la pobreza y para la igualdad de los trabajadores”, afirmó Morales, acompañado por el líder de la Central Obrera Boliviana (COB), Pedro Montes.

El nuevo sistema, que el mandatario pidió que sea aprobado en las próximas semanas “como un regalo de Navidad” por la mayoritariamente oficialista Asamblea Legislativa, será manejado por una “gestora” estatal que reemplazará, en el transcurso del 2011, a las administradoras privadas que operan en el país desde 1996.

No hubo comentarios inmediatos de las dos administradoras privadas de pensiones: Previsión, del grupo español BBVA, y Futuro, del suizo Zurich, que en conjunto manejan aportes de unos 1,3 millones de personas con un total acumulado de unos u$s 3.000 millones, según cifras oficiales de fines del 2009.

En sus primeros cuatro años de gobierno, Morales ha nacionalizado industrias básicas como los hidrocarburos y la minería, revirtiendo privatizaciones de la década de 1990.

El ministro de Economía, Luis Arce, explicó en la misma rueda de prensa que la reforma repone los aportes patronales al sistema de pensiones que habían sido suprimidos desde la privatización ejecutada por el gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada en 1996.

Tras confirmar que fue descartada la posibilidad de un sistema de pensiones mixto con una gestora estatal y las dos privadas, como se había considerado inicialmente, destacó que un fondo solidario, con aportes de trabajadores dependientes e independientes que ganen más de u$s 2.000 por mes, permitirá incrementar las rentas de los trabajadores de menores recursos.

La “gestora pública” de pensiones asumiría gradualmente el control del sistema a partir del próximo año y sus responsables serán independientes del gobierno e informarán periódicamente a la Asamblea Legislativa y a los sindicatos y otras organizaciones sociales, agregó.

Evo dijo que con la nueva norma los jubilados bolivianos tendrán entre 100 y 150% más de ingresos que los que le corresponderían con la ley actual.

“Esto es algo histórico porque vemos que las leyes en el país las están haciendo los mismos trabajadores”, dijo el jefe de la COB, destacando que la reforma fue aprobada en asamblea extraordinaria por el 97% de las federaciones sindicales del país.