La causa por la muerte del afiliado de la UOCRA, Reylado Vargas, el 9 de abril en Caleta Olivia, producto de un disparo que efectuaron desde adentro del sindicato de Petroleros Privados, tuvo una importante novedad, a partir que este fin de semana el Juez decidió dejar imputados a 4 de los 8 detenidos y liberar a quienes, hasta este momento, no se ha podido demostrar su intervención directa en el homicidio del albañil.

Oscar Carrazana, Juan Quiroga, Damián Roldán y Roberto Hernández quedaron bajo prisión preventiva. La carátula de la causa está tipificada como “Homicidio triplemente calificado y tentativa de homicidio triplemente calificado”. En tanto otros cuatro quedaron libres “por falta de mérito”, pero conectados con la causa hasta tanto termine la investigación que lleva adelante el Juzgado Nº 1 del juez Mario Albarrán.Se recuerda que a los ocho detenidos, les encontraron rastros de pólvora en las manos; es decir todos dispararon desde el sindicato.

Desde el sector político, se escucharon algunas opiniones, como es el caso del gobernador Peralta, quien dijo “nos preocupa, por un lado, que se llegue a la verdad de quién mató al chico (Reinaldo Vargas), si el juez imputa cuatro personas, es porque entre ellos está el responsable directo de la muerte del trabajador”

El mandatario opinó que se bene seguir las dos causas instruídas en esta instancia, por un lado la del crimen y por otra la de las maras, donde está involucrado el Secretario General, Claudio Vidal, sin embargo Peralta se mostró contrario a que ambas causas sea unificadas: “hay que observar cómo evolucionan las causas, pero “en paralelo” porque no se unifican y creo que no puedan ser unificadas”, dijo aunque no explicó porqué.

Peralta reconoció “el grado de preocupación existe porque hay un sector grande de trabajadores que se sienten agredidos o presionados por la decisión del juez de detener a parte de la Comisión Directiva, y por otro lado está el juez que califica la detención con una serie de imputaciones que son muy graves”. Finalmente el mandatario señaló “Lo que nosotros pedimos es, a los trabajadores, el mayor grado de tranquilidad posible para evitar nuevos enfrentamientos y que se cumplan rigurosamente los plazos que la Justicia le da al juez y se den las garantías de defensa a la gente que está detenida, como corresponde a cualquiera en una situación como esta y que el magistrado ponga sobre la mesa todo lo que tiene para calificar de asociación ilícita, terrorismo de Estado, acopio de armas, y otras, que son gravísimas», considerando que lo peor que se puede hacer en esta instancia es “opinar de afuera”.

En tanto el Intendente de Las Heras, Teodoro Camino y el senador Pablo González, salieron en defensa de Claudio Vidal, remarcando que su detención se debe a “cuestiones políticas” y dijeron ver en esto, la mano de la Federación que busca la caja de los Petroleros. Vidal pertenece al FPV y es uno de los posibles candidatos que maneja el oficialismo para diputados en el

Los que olvidan o no ven

Los petroleros detenidos, tanto por el Juez Eduardo Quelín y el DR Mario Albarrán, están en esa condición por delitos gravísimos. En un caso un homicidio y en el otro, el hallazgo en poder del sindicato de un arsenal, con armas de procedencia ilegal, numeración limada, chalecos antibalas sin registro legal y hasta la existencia de dos efectivos de la Bonaerense, haciéndole de guardaespaldas a Vidal.

En ambos casos y a pesar de que el gobernador crea lo contrario, ambas causas tienen una raíz común y el hecho de haberse producido un homicidio en el sindicato de petroleros, por petroleros y con armas de petroleros, hace que la segunda causa por acopio de armas y tenencia ilegal deba acoplarse a la del crimen, ya que la responsabilidad en ambos casos es de la dirigencia, aunque sea otro quien haya apretado el gatillo.

Las marchas de familiares y amigos de Claudio Vidal, pidiendo su liberación, impone ponerle a la justicia una presión accesoria, situación a la que tratan de sumarse voces como las del intendente de Las Heras, tratando de sesgar la acusación por la responsabilidad en la tenencia de armas ilegales y la responsabilidad institucional por un crimen en los que hay involucrado personal del sindicato, quienes dispararon desde adentro de su sede sindical.

Fuentes judiciales le confiaron a esta Agencia, que la no unificación de las causas, le permitiría a Vidal no ser involucrado en la responsabilidad del crimen y de esta manera, podrían buscarle desde lo eminentemente legal, para dejarlo libre. (Agencia OPI Santa Cruz)