El empleado del Ministerio de Bienestar Social que está sospechado de estafar a varios comercios con órdenes de provisión adulteradas permanecerá detenido nueve días porque la jueza de control, Florencia Maza, entendió que podría entorpecer la investigación preliminar que está llevando adelante la fiscal Alejandra Ongaro.
Ella sostuvo que el imputado, junto a Hugo Cornejo y Adrián Lucero Alaggio, se llevaron un talonario conteniendo 50 órdenes de provisión de la Subsecretaría de Política Social y que luego, falsificando firmas, estafaron a al menos cinco comercios. Hasta ahora se habían conocido cuatro y la fiscal agregó ayer a la firma Insagas.
En la acusación se explicó que Gil -que se entregó espontáneamente el martes- se presentó en esos negocios con las órdenes "truchas" y adquirió distintos materiales y artefactos, que luego fueron secuestrados por la policía. Agregó que "una persona de confianza" de Gil, a quien él le había dejado parte del botín (cerámicos, grifería, chapas, hierros), al conocer por la prensa lo que había ocurrido, informó que los elementos estaban en su casa y que desconocía que había provenido de un ilícito, detalló Ongaro.
La fiscal le pidió a Maza que lo deje preso preventivamente durante diez días porque si bien en su declaración "prácticamente reconoció" los hechos investigados y ofreció "un relato autoincriminatorio, no fue lo suficientemente convincente para dar todo por cerrado". Acotó que "como todavía no tuve tiempo de contactar a los comerciantes damnificados, estando libre podría impedir que el caso se esclarezca".
Incluso remarcó que el subsecretario Luis Marcelo Díaz dijo que, aunque Gil no dependía directamente de Política Social, sino de un programa social que tiene su oficina en la calle Roque Sáenz Peña, "era habitual que circulara por los pasillos" del edificio de la calle Pellegrini, donde funciona el MBS., y que era "muy factible que tuviera acceso a sellos y talonarios".
Previendo la estrategia defensiva del abogado Román Fiorucci, Ongaro afirmó que la colaboración del imputado fue "a medias" porque "no dijo todo".
"Las órdenes estaban tiradas".
Fiorucci, en cambio, pidió que Gil no quede detenido porque "ya reconoció la autoría del hecho", aunque desconoció que se haya tratado de un hurto. "El dijo claramente que encontró las órdenes tiradas en una esquina, que está arrepentido de lo que hizo y desligó de lo ocurrido" a Cornejo y a Lucero. Durante la audiencia ofreció entregar dos aires acondicionados, después de que hubiera informado dónde estaban otros materiales. El abogado pidió subsidiariamente que si Maza le dictara la prisión preventiva, ella fuera domiciliaria.
¿Qué dijo la jueza? Que Gil podría obstaculizar la investigación primaria de la fiscalía ya que podría haber "nuevos comerciantes damnificados" y Ongaro necesita unos días más para averiguarlo y tomarle declaraciones a los estafados. Pero teniendo en cuenta que si le diera 10 días, la prisión finalizaría un día inhábil, lo sancionó con nueve y saldrá en libertad el viernes 22.
Maza ya le había dictado el martes la prisión preventiva a Cornejo y a Lucero, que no son empleados del MBS., sino familiares de Gil (serían cuñados). Los tres habrían ido a Comercial Belgrano y adquirieron chapas y hierros por 16.000 pesos, a Casa Muñoz para adquirir una heladera y dos splits por 15.000 pesos y a maderera Candelaria para realizar una compra de 30.000 pesos. Sin embargo, desde allí intentaron confirmar el pedido con Casa de Gobierno y ahí "saltó" la estafa.
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