Para defender los intereses de los usuarios del servicio de agua potable de Punta Ata, el concejal vecinalista Sadi Gelós le requirió al gobierno municipal que accione judicialmente contra la empresa ABSA, mediante una acción de amparo, en un plazo no mayor a los próximos 15 días.

El proyecto de resolución presentado esta semana en el Concejo Deliberante rosaleño, tiene correlato con los reclamos que viene realizando todo el arco opositor en cuanto al cuestionado desempeño de Aguas Bonaerenses en nuestro distrito.

"El deficiente servicio de provisión de agua potable que otorga ABSA es por la falta de inversión y mantenimiento para cubrir la demanda, lo cual lleva a que muchos vecinos de nuestra comunidad carezcan de algo tan esencial, con todos los perjuicios que esto implica", dijo Gelós.

Además resaltó la falta de acciones concretas por parte del Organismo de Control de Aguas de Buenos Aires (OCABA), dependiente del Estado provincial.

El edil de la Integración Vecinalista Rosaleña consideró que es impostergable la necesidad de resolver estas falencias en tiempo perentorio a través de una acción expedita.

Para Gelós, el Estado debe fortalecer su rol de garante de la calidad y continuidad de los servicios prestados, como también defender los derechos de los usuarios y del medio ambiente.

"Aguas Bonaerenses, concesionaria que explota el servicio en nuestra ciudad, debido a su falta de inversión en la red de abastecimiento de agua potable, provoca que los usuarios padezcan cortes, falta de suministro suficiente e infinitas pérdidas en las veredas”, se quejó el edil de la oposición.

Tras recordar que ABSA tiene mayoría accionaria del Estado bonaerense, Gelós aseveró que “no cumple con sus obligaciones para con los usuarios del servicio de agua potable en Punta Alta”.

En su proyecto de resolución expuso que la prestataria “tampoco brinda un servicio continuo y de calidad", al tiempo que advirtió que "no controla ni defiende los intereses de los usuarios”.

El rol de la OMIC

Por otra parte, el concejal Gelós también expuso que muchos vecinos perjudicados por estas situaciones mencionadas han advertido la falta de acción por parte de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC).

"No se ha hecho pública ninguna acción firme y terminante por parte de la OMIC hacia la prestadora, pese a los múltiples reclamos receptados en nuestra ciudad”, aseveró.

Dijo Gelós que el Estado, en su rol de garante del goce y ejercicio pleno de los derechos de las personas sometidas a su jurisdicción, debe asegurar el acceso al agua potable de todos los ciudadanos sin distinción de ningún tipo.

"Asimismo debe comprometerse a vigilar el buen estado del recurso hídrico en su territorio, y además abstenerse de realizar actividades nocivas que vayan en detrimento del mismo", manifestó.