La indignación tras el fallo fue generalizada. Hubo gritos e insultos en la sala de los tribunales tucumanos, rechazos por las redes sociales y movilizaciones en todo el país.

Los 13 imputados por la desaparición de María de los Ángeles Verón, Marita, fueron absueltos y Susana Trimarco, mamá de la víctima, habló de corrupción y anunció que irá por el juicio político de los tres magistrados que coincidieron en la sentencia: Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano.

El Atlántico dialogó con Daniel Adler, jefe de los fiscales federales, que investigan las causas de trata de la ciudad y la zona. Ya se conocieron aquí siete sentencias, posicionando a Mar del Plata como la localidad con mayor cantidad de condenas en todo el país.

El fiscal se mostró cauto, pero brindó algunas apreciaciones de una realidad que conoce de cerca. “Yo soy un profesional del derecho, no puedo emitir un juicio crítico sin tener a mi alcance los fundamentos del fallo. No obstante, lo que pude percibir es una situación que he observado en otras oportunidades: frente a situaciones escandalosas de explotación de la prostitución, los imputados se van por las puertas de los tribunales como si nada hubiera pasado”.

“No digo que esto haya ocurrido en este caso -sumó enseguida-, dado que desconozco las pruebas y sus valoraciones, pero es muy probable que así haya ocurrido, porque ello forma parte de una lógica perversa del poder por la cual, en general, los poderosos no pagan”.

Más allá de esto, Adler descartó que esta condena pueda sentar un precedente para los juicios por el delito de trata. “De hecho -dijo-, va en línea contraria a lo que está sucediendo en el resto del país, con causas, procesamientos y condenas por el delito de trata de personas”.

La modificación a la ley de trata sancionada en 2008 quedó sin estado parlamentario en los últimos días y volvió a fojas cero. Uno de los cambios centrales que se planteaban era quitar la figura del consentimiento por la cual una mujer mayor de 18 años debe demostrar que está en el prostíbulo siendo explotada sexualmente contra su voluntad. Las amenazas, la falta de oportunidades, entran en juego.

Al analizar esta situación, el fiscal federal opinó: “Puede haber leyes mejores, pero en rigor, los que debemos mejorar somos nosotros, los operadores del sistema penal, los funcionarios judiciales. La ley constituyó un avance y se ha demostrado que ha sido útil. Hay muchos que consideran que debe mejorarse, es posible que así sea, pero sobre todo es necesario mejorar la práctica, las respuestas del servicio de Justicia”.

Uno de los puntos más cuestionados por las organizaciones de la sociedad civil tiene que ver con la falta de relevancia que -en una primera lectura- se le dio a los testimonios de las víctimas. Consultado al respecto, el fiscal federal sostuvo: “En primer lugar, hay que cumplir con las disposiciones de la ley y las instrucciones de la Procuración General de la Nación. En estos casos hay que tener todos los recaudos para preservar esta importantísima fuente de información (prueba anticipada, videograbación de los testimoniales, etcétera), y además sostener a las víctimas durante el tiempo que va de la investigación al juicio con la correspondiente asistencia y contención que debe ser brindada desde el Estado”.

¿No contar con refugios para ellas es una complicación al momento de brindarles esa contención?, preguntó este medio. “Un refugio o una casa es un lugar no solo importante para cumplir con los fines procesales, sino también con los mínimos humanitarios que deben brindarse a estas mujeres”.