En la negociación con los docentes, los ministros actuaron en equipo y con más libertad. Los parlamentarios oficialistas y el debate por la coparticipación federal.
Cuando un ciudadano ejerce su pleno derecho de elegir, deposita toda su confianza en otro. Siente alivio porque delega su ilusión, su proyecto, su futuro y sus sueños en una o en varias personas. Cuando alguno de esos individuos no representa esos intereses, la desconfianza y la desesperanza anochecen el amanecer.
Esta semana la Presidenta de la Nación se olvidó de su investidura y de sus obligaciones como persona, en la cual millones de argentinos depositaron su confianza. Su enojo hizo aflorar los más bajos instintos. Ella, como persona formada en el derecho, sabe muy bien que un juez o una jueza no pueden frenar una República. Ella, como dama -y abogada-, sabe que los chismes de la vida privada no deberían ser difundidos por cadena nacional. Cristina Fernández de Kirchner se enojó y pegó un portazo. Una presidenta no puede -ni debe- cerrar puertas, y debe -y puede- guardar la bronca y las pasiones para sí. Actuarlas por televisión termina haciendo importante lo pueril y le da entidad a lo que no carece de sentido. En pocos minutos la titular del Poder Ejecutivo acentuó las divisiones de un país herido por los desentendimientos y desilusionó a aquellos que le depositaron su confianza. Tal vez no tenga la posibilidad de tomar conciencia de que el enojo y la violencia, sean reales o virtuales, sean verbales o físicos, sólo dan pérdidas.
Esta semana ha quedado la idea de que hay intenciones destituyentes. De que no hay que cumplir con las decisiones de un juez, de que la Justicia tiene un precio económico (no ético ni moral). De que el Congreso sólo quiere frenar un país. Releamos este párrafo: todo negativo, todo oscuro, todo antidemocrático. En síntesis: una mañana sin amanecer. Un país sin esperanza que preanuncia la tormenta, el conflicto de poderes.
Un político que no puede sembrar esperanza está condenado a un vacío infinito. Tal vez por esto es que antes de apagar la luz hubo razonables llamados al diálogo tanto de los dirigentes oficialistas como de la oposición.
Oxígeno en el jardín
Si la Presidenta tuviera alguna hora libre o pudiera darse tiempo para observar lo que vivió Tucumán hace muy poco, tal vez encontraría algunas señales para llamarse a la tranquilidad y dejar que las instituciones actúen libremente y encuentren el equilibrio que sabiamente le da el sistema republicano que ella ve amenazado.
Hace unos cuantos años, el gobernador, José Alperovich, actuó -e hizo actuar- groseramente contra la forma de elegir jueces en la provincia. El mandatario no quiso escuchar ninguna advertencia que la oposición volcó a través de la prensa. Tampoco se dispuso dialogar y sólo le importó frenar el sistema establecido. Ante la obstinación del gobernador y ante la falta de canales para debatir, algunos sectores de la sociedad no tuvieron más remedio que recurrir a la Justicia. En Tribunales, el valiente fallo de Rodolfo Novillo, primero, y la prudente ratificación de la Corte Suprema de Justicia, después, habilitaron la creación de un nuevo organismo para designar jueces y destrabar la parálisis judicial. Esta semana el Consejo Asesor de la Magistratura tucumana respira, oxigena las instituciones y siembra esperanza de un Poder Judicial independiente. Tal vez no sea lo mejor -o sí- que habría podido concretarse, pero la historia vivida demuestra que se perdió demasiado tiempo en peleas, en discusiones irreductibles y en faltas de respeto que sólo dañaron el prestigio de las instituciones y de la mismísima investidura del gobernador antes que cualquier otra cosa. De todos modos, quedó la enseñanza de que el libre juego de las instituciones favoreció a la democracia provincial; y esta semana que pasó la Justicia respira mejor, gracias a eso.
Otro ejemplo para destacar fue el acuerdo al que llegaron los docentes y el Gobierno provincial. Se trata de nuevo de un pacto hecho sobre la hora y con el nudo en la garganta de toda la sociedad, que no sabía si comenzaban o no las clases. No obstante fue el resultado de un diálogo fructífero entre gremialistas y el Poder Ejecutivo.
Curiosamente, este acuerdo se logró con la intervención de tres ministros: Silvia Rojkés de Temkin (Educación), Jorge Jiménez (Economía) y Edmundo Jiménez (Gobierno). Da la sensación de un trabajo conjunto llevado a cabo en ausencia del gobernador Alperovich. Por lo general, el sistema de trabajo del mandatario es el de un exagerado protagonismo de su persona. Esto debilita el poder y la libertad de acción de los ministros, que se convierten en hombres y mujeres marionetas que entran en acción sólo cuando el que mueve los hilos tiene ganas. Este segundo plano -al que lo mandó su propia salud- debería ser un aprendizaje para Alperovich. Con diálogo y predisposición, y sin confrontaciones inútiles, se pudo dar previsibilidad al año lectivo tucumano. Si esta misma actitud e igual desempeño colectivo hubiera tenido el gabinete, el conflicto médico hubiera durado muchísimo menos.
El maniqueísmo y la desesperación de poner de un lado a los buenos y del otro a los malos es de otra época de la Argentina, y abrió demasiadas heridas, que hoy ni los juicios tardíos pueden cicatrizar.
El encanto de la dádiva
Las actitudes cerradas frenan el crecimiento y la independencia de los Estados.
Esta semana que pasó sorprendió la actitud de los diputados -y aún más la de los senadores- oficialistas por Tucumán, que dijeron estar en contra de la revisión del Impuesto al Cheque, nada más que por defender la política K y no por pensar en la provincia.
La posibilidad de tener fondos legales y no repartidos como dádivas, de acuerdo a cómo se comportaron con el Gobierno nacional, fue descartada por todos los parlamentarios oficialistas. Esa postura podría entenderse de parte de Stella Maris Córdoba, Alfredo Dato, Juan Salim, Susana Díaz, Germán Alfaro, Gerónimo Vargas Aignasse y de Miriam Gallardo. Al fin y al cabo ellos son representantes del pueblo. Pero sorprende que los senadores Sergio Mansilla y Beatriz Rojkés, que representan a la provincia, prefieran no ganar en independencia y en federalismo con la llegada de fondos coparticipables por ley. Sin dudas que podrán argumentar que de la otra manera les puede llegar más dinero, incluso, que a otras provincias más grandes; pero eso será siempre y cuando se conviertan en rehenes de los caprichos de la Nación.
Se trata de la política de la dádiva. Así como se la aprueba hacia arriba respecto de la Nación, se la ejecuta hacia abajo, entre el Poder Ejecutivo provincial y las ciudades del interior y entre los mismos dirigentes políticos, que a veces no tienen libertad ni para votar en una sesión de Concejo Deliberante.
Esas si son actitudes desestabilizantes y forman parte de una realidad virtual y otra real. Son los mismos dirigentes que suelen declamar: "yo estoy en contra de esto, pero si lo digo me matan".
La lista que todo oculta
Ese modus operandi, totalmente alejado de una administración seria, parece reinar en el Ministerio de Salud de la provincia. El ministro Pablo Yedlin ha elegido el silencio. De esa manera aparentemente está tratando de proteger -¿tapar?, ¿esconder?- al o a los responsables de uno de los mayores papelones de la gestión Alperovich, cual fue ordenar el pago de $ 800.000 a la Fundación Salud, para que dicte cursos de endodoncia. Lo grave es que la fundación se creó después de que se empezaron a dictar las clases.
Tampoco se entiende por qué, ante la requisitoria de la prensa para conocer quiénes son los 100 odontólogos agraciados con estos cursos, no se den a conocer los nombres.
En la Casa de Gobierno dicen que la política es no hacer olas. Hay que callar para que se hable lo menos posible. Desde que se fue del Ministerio, tanto para ser vicegobernador como para ser funcionario nacional, Juan Manzur estuvo al tanto de lo que pasaba en esa área. Su silencio actual, ¿es cómplice o piadoso? Todos los implicados, tanto el chileno Héctor Silva Olivares, que dictó el curso, como el solícito Raúl Penna, que facilitó el teléfono para que la fundación cuente con un número de contacto, se ocuparon de aclarar que Manzur era un excelente ministro. Nadie había puesto en tela de juicio al ministro nacional. El Tribunal de Cuentas sólo objetó la firma de Yedlin y la documentación presentada para hacer el pago. Tanto es así que todos en el Ejecutivo están esperando que se corrija lo señalado y que se abone. Este episodio da cuenta de un exceso de fidelidades y muestra un desinterés por proteger lo público y por dar la tranquilidad de que estas cuestiones no pueden -ni deben- ocurrir. El fiscal Carlos Sale tiene la gran responsabilidad de demostrar que las fidelidades no van con la Justicia.










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