Todos los medios que formatean el flujo informativo del país pronosticaron que el presidente Alberto Fernández se había equivocado al anunciar que las vacunas llegarían antes de fin de año y las vacunas llegaron antes de fin de año. Los medios hegemónicos se han equivocado en todo lo que se relaciona con las vacunas, al plantear la información como si fuera un clásico Boca-Ríver (Sputnik-Pfizer) cuando nadie en el mundo científico discute sobre la eficacia, porque se da por descontada.

De lo que se trata es de disponibilidad, precio o transporte. Pero la efectividad de todas las vacunas es más o menos similar. Nadie se va a enfermar con ninguna de las vacunas que sean aprobadas por los organismos internacionales de control y por la ANMAT local, ya sea rusa, china o norteamericana.

El grado de estupidez que se planteó en esa discusión ha sido similar a otro hecho insólito de estas navidades como el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de CABA que, para alinearse en forma vergonzoza con la política educativa del PRO, sostuvo que quienes reclamen en forma judicial que el gobierno garantice una plaza en la educación pública para sus hijos, debe demostrar que es pobre.

Los medios hegemónicos han tratado de imprimir al discurso de Juntos por el Cambio un halo de superioridad, inteligencia y racionalidad. Y mostrar a sus adversarios como toscos e ignorantes. Pero la denuncia de Elisa Carrió contra Alberto Fernández y Ginés González García por “envenenar” a la población al contratar la Sputnik V, puso a prueba la firmeza de esa instalación mediática.

La denuncia que presentó la jefa indiscutida de la Coalición Cívica en los tribunales de Comodoro Py quebrantó una línea, un límite en la consideración pública y produjo un efecto opuesto al deseado porque pareciera que Carrió presupone que el mundo científico y los argentinos son imbéciles.

El halo de superioridad funciona en este caso solamente para los que fueron manipulados por la información mediática y prefieren arriesgarse al contagio con covid 19 antes que vacunarse con ese producto que proviene “de un país autoritario” más otras informaciones muy berretas sobre las vacunas.

La sociedad en general, más atenta a las señales del ámbito científico y de la ANMAT, tomó la denuncia de Carrió con sentido del humor y circularon numerosos memes sobre la salud mental de la ex diputada. La denuncia coincidió con el esfuerzo del gobierno por traer alguna de las vacunas a la Argentina antes que se produzca la segunda ola de contagios que arrasa en Estados Unidos y Europa. Y fue un día antes de que la ANMAT aprobara a la Sputnik.

La ridiculez de la denuncia puso de manifiesto dos temas gravísimos con relación a la salud pública y al Poder Judicial.

Porque su denuncia busca generar pánico en la población y así evitar que la gente se vacune y de esta forma facilitar la propagación de una epidemia que ha acabado con la vida de más de 40 mil argentinos. Hacer terrorismo para bloquear el remedio a una epidemia mortífera implicaría la especulación sobre la crisis política que produciría una mortandad masiva. Esa es una especulación criminal y cargada de fanatismo.

La denuncia es ridícula pero en realidad tiene los mismos componentes que un mecanismo que se aplicó contra los gobiernos kirchneristas y se intensificó con el macrismo. Carrió fue una de las principales protagonistas del lawfare o guerra sucia judicial, el mecanismo más corrupto y antidemocrático desde la dictadura cívico-militar.

Carrió misma tiene un pedido para indagatoria en la causa por espionaje a presos políticos cuando conversaban con sus abogados defensores. En ese momento, la dirigente derechista tenía el respaldo de los servicios de inteligencia, primero a través de la quinta columna de Jaime Stiusso y después de la AFI macrista que dirigían Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Los espías proporcionaban el cuerpo de pruebas falsas sobre las cuales sostenían sus denuncias que eran amplificadas por los medios hegemónicos para darles apariencia de seriedad. En esta oportunidad no tiene esa cobertura y la denuncia quedará como una muestra clara de los mecanismos judiciales de persecución y difamación de sus adversarios. En el plano científico nadie, ni los directivos de Pfizer ni los de Sputnik, han intervenido en el flujo de información para legos y lelos con que se trató de manipular a la sociedad.

El mismo Alberto Fernández aclaró que la negociación con Pfizer sigue en marcha porque todas las vacunas aportan a la masiva campaña de vacunación que deberá realizar el gobierno llegando hasta el rincón más alejado del país. Ponerse en la vereda de enfrente de ese esfuerzo, como hizo Elisa Carrió es especular con la vida de las personas.

El lawfare, que ha reemplazado en América Latina a los golpes militares que instauraban dictaduras, debería ser juzgado y penalizado y todos los que fueron sometidos a estos mecanismos judiciales irregulares tendrían que ser puestos en libertad.

Sin embargo, de la misma forma que a la salida de las dictaduras era muy difícil juzgar a los genocidas porque no existía la figura penal de “desaparición forzada”, el lawfare tampoco ha sido tipificado. En este sentido, no se le dió la importancia que realmente tiene al pedido que formuló la expresidenta Cristina Kirchner a mediados de año, ante la CIDH, para que tipifique como delito penalizado a la práctica de esta guerra sucia judicial.

De la misma manera, cuando se produjo el golpe que depuso a Evo Morales en Bolivia, Hebe de Bonafini presentó un pedido similar ante la CIDH. El derecho internacional que se impulsó tras las violaciones a los derechos humanos en regímenes dictatoriales y bajo cuya influencia se creó la CIDH y la Corte Penal Internacional, tiene la responsabilidad moral de avocarse a esta problemática que corrompe sectores del Poder Judicial de cada país.

Un subproducto de estos mecanismos que exponen las fallas del Poder Judicial ha sido el fallo increíble, sustentado por cuatro votos contra uno en el Tribunal Supremo de Justicia de la CABA que restringe el derecho constitucional de igualdad de oportunidades y sienta el precedente para la instalación de un sistema educativo clasista.

El artículo 24 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires señala con mucha claridad que “la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior”.

No hay posibilidad de equivocarse. La Constitución protege a la comunidad y los jueces tendrían que reclamarle al gobierno de la Ciudad, en vez de rechazar los planteos de los ciudadanos que reclaman el cumplimiento de la Constitución.

Pero es claro que el fallo del Tribunal coincide con la política educativa de Horacio Rodríguez Larreta y su ministra de Educación, Soledad Acuña, que despreció en declaraciones públicas a los maestros que enseñan en las escuelas de la ciudad, a los que calificó de “viejos fracasados”. Desde una concepción clasista, como la expresada en el fallo del TSJ, es coherente que la peor educación, que sería la pública, según la ministra, sólo sea para los pobres.

La Justicia, que fue concebida por la humanidad para la solución de los conflictos, ha pasado a convertirse en el conflicto principal que deben resolver las nuevas democracias.