Los dirigentes gremiales fueron detenidos por personal de la Policía de la Provincia cuando realizaban una asamblea en uno de los galpones del corralón municipal. "Policías bonaerenses, a cargo del Subcomisario Juan Carlos Jaime, ingresaron al lugar exigiendo, por orden del intendente, la disolución de la asamblea y el alejamiento de los activistas gremiales del lugar", informaron.

"Los efectivos policiales procedieron, en forma ilegal, a la detención de los tres compañeros", denunciaron desde la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerense.

Las personas detenidas fueron identificadas como Néstor Batista, miembro del Consejo Directivo de la Fesimubo; Sebastián Villasuso, Delegado de personal, integrante del sindicato Asociación de Obreros y Empleados de Puan, entidad afiliada a esa Federación; y Ezequiel Goñi, activista gremial.

Los dos últimos detenidos "fueron cesanteados sin causa que lo justifique, después de 7 y casi 3 años, respectivamente, de desempeño para el municipio".

Desde Fesimubo denunciaron que "la medida adoptada por el intendente contra los compañeros, es claramente de carácter antisindical y conlleva un cercenamiento a la libertad gremial garantizada por la Constitución Nacional (art. 14 bis), Constitución Provincial (art. 39), convenios internacionales de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, y por la ley 23.551".

Enviaron carta documento al Intendente exigiendo que "proceda a reincorporar a los compañeros, y a retirar la denuncia que criminaliza la acción sindical". Hacen responsable al Jefe de la Comuna "personalmente por los daños y perjuicios que derivan de su ilegal accionar, pues no será con violencia de la cesantía y de la criminalización del reclamo que solucionará la situación que Ud. ha creado con un salario básico de hambre. Se trata de que remueva las injusticias, no de sancionar a los que ejercen el legitimo derecho de luchar por sus intereses".

También enviaron carta documento al Subcomisario notificándolo que: "la apertura de actuaciones [por el personal de esa seccional] denota un proceder intimidatorio e ilegal, razón por la cual, a más de dar intervención a la justicia, procederá esta organización a denunciar su actuación por ante el Ministro Casal".

Solicitaron las actuaciones del Ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, del Ministro de Trabajo provincial, Oscar Cuartango, y de su par de Nación, Carlos Tomada.