Los ediles se reunían ayer, al cierre de esta edicion, para tratar el enjuiciamiento a la Intendente suspendida ocho días atrás y que permanece atrincherada en el despacho del edificio municipal. La asesora legal del Cuerpo deliberativo explicó el procedimiento que se puso en ejecución para dar fin al proceso. Se corrió traslado de las pruebas que apuntan a la Jefa comunal por supuesto falseamiento en el rendimiento de las obras realizadas con el Fondo Sojero. Quedaba por definir la fecha de la audiencia oral y pública para el descargo de la acusada.
Ayer al cierre de esta edición se reunían los ediles para correr traslado de todas las pruebas recabadas que sostienen el enjuiciamiento. La representante legal del Cuerpo, María del Carmen Galarza Galvano señaló que está previsto también fijar la fecha para la audiencia oral y pública en la que la titular del Ejecutivo suspendida pordá efectuar su defensa.
La doctora Galarza Galvano indicó a EL LIBERTADOR que el procedimiento se enmarca en lo establecido por los artículos 15, 16 y 17 de la Ley Orgánica de Municipios Nº 4752.
Detalló que las pruebas están compuestas por las actuaciones llevadas adelante por la Comisión Investigadoras que argumentan que existe causa suficiente parallevar adelante este proceso. Entre ellas citó una nota firmada por la propia Escalante elevada ala Unidad Ejecutoria Provincial del fondo sojero donde afirma haber recibido más de 100 mil pesos de abril a diciembre de 2009. Y asimismo una nota donde se brinda un detalle de las obras ejecutadas con ese monto, y donde se especificaría la realización de 17 casas con los nombres de los beneficiarios, firmada por la intendente y el secretario general.
Justamente son esas 17 viviendas las que los ediles sostienen que nunca se concretaron y para comprobarlo realizaron un relevamiento que hoy consta en documentaciones y asimismo contarían con una nota de los vecinos , supuestos beneficiarios, que aseguran no haber sido favorecidos conm tales construcciones.
La asesora también explicitó que a la hora de la audiencia oral y pública, la intendente podrá concurrir a realizar su defensa en persona o a través de un representante legal y finalmente comentó que es el doctor Jorge Laphitz quien guía el proceso de juicio político, como especialista en la materia.
Cabe recordar que Ana María Escalante fue suspendida en sus funciones el pasado miércoles 15. Al día siguiente, la Jefa comunal ingresó al despacho y se mantenía hasta ayer atrincherada en el lugar. En su contacto con este diario aseguró que aún estaba a la espera de una resolución judicial que la devolviera en su cargo. Dijo que evaluaba incluso pasara la fiesta de navidad allí. "Recibí mensajes de apoyo de los vecinos que incluso me dijeron que vendrán a la plaza a acompañarme. Igualmente esta es una decisión que no la tomo sola, la tomaré con mi familia y mi gabinete", aseguró.
Al ser consultada sobre el tratamiento del juicio político y las acusaciones en su contra por "falsos" rendimientos del fondo sojero, Escalante aseguró que lo que plantean los ediles es mentira. "Nunca prometí hacer casas, lo que se hizo fueron piezas de material de 4x4 y 4x3 para unas 50 o 60 familias muy carenciadas. ¿Cómo voy a tomar la decisión de hacer 17 viviendas, cuando tengo demanda de 60 familias?, preguntó y se justificó, aclarando que en la Secretaría del Municipio están las carpetas con el detalle de los gastos y las documentaciones pertinentes.
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