Tierno fue el encargado de realizar en 1984, apenas asumido el gobierno de Rubén Hugo Marín, el sumario administrativo a los ex oficiales de la Policía que habían actuado en la represión ilegal. Esos expedientes fueron los que luego sirvieron a la justicia pampeana para investigar a los uniformados.

Expectativas.

De presentarse, las expectativas están puestas en si los jueces o los abogados defensores le puedan llegar a preguntar sobre la sospecha de por qué uno de los policías nombrados como parte del grupo de tareas, Miguel Gauna, finalmente quedó sin acusación ante la justicia si bien era mencionado en el sumario. Más allá de las estrategias e intereses de las partes, hay un innegable interés público en que el caso pueda avanzar. Y la presencia de Tierno y su obligación de decir la verdad es una oportunidad largamente esperada.

Actualmente, Gauna está siendo investigado por la fiscalía federal luego que los abogados querellantes en el juicio pidieran que se abriera una causa por considerarlo partícipe de los delitos que se investigan. Una víctima y tres ex policías lo señalaron como parte de quienes "interrogaban" a los presos políticos, mientras que en el operativo en la localidad de Jacinto Arauz, realizado por el Ejército el 14 de julio de 1976, él se encontraba a cargo de la comisaría y había sido enviado pocos días antes por el jefe de Policía, Luis Enrique Baraldini, para que preparara el terreno.

Encubrimiento.

En 1984, cuando otros represores fueron procesados por la justicia, el nombre de Gauna no estuvo junto al resto de sus colegas. Desde entonces sobrevuela la sospecha de que su exclusión del sumario fue obra de quien llevaba adelante la investigación, el asesor Tierno.

Gauna era entonces jefe de la Seccional Primera cuando debió intervenir en un expediente que acusaba al entonces funcionario de una supuesta golpiza contra una mujer que tuvo que ser internada. El episodio nunca fue negado tajantemente por Tierno. Esa declaración poco después "desapareció" y el policía encargado de hacerla fue trasladado al paraje Algarrobo del Aguila. Las presunciones hablan de un supuesto cruce de favores.

El hecho de la golpiza fue publicado por LA ARENA en 1984, y el caso originó por entonces un pedido de informes del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical.

A pesar de las suspicacias, ahora surgen más elementos que se suman para corroborar en parte el supuesto encubrimiento. De confirmarse esto, habría que preguntarse qué otros oficiales de la policía pudieron haber sido mencionados como participantes de la Subzona 14 y pudieron haber sido dejados de lado por Tierno en la investigación, y si la justicia federal no debería investigar este supuesto encubrimiento de delitos de lesa humanidad a favor de Gauna.

Más elementos.

Los nuevos elementos surgen del expediente iniciado por pedido de la Cámara de Diputados para investigar el encubrimiento de Gauna. A raíz de la presentación de los diputados en el 84, a través de la resolución 17/85, el gobierno provincial le encargó al jefe de Policía que investigara "si tomó conocimiento en alguna seccional sobre hecho criminoso del que fue autor alto funcionario del gobierno provincial y una joven santarroseña en mes de noviembre de 1984".

El expediente iniciado por el secretario general de la Gobernación, Cándido Hipólito Díaz, fue al ministro de Gobierno, José María Dalmasso, que encargó al jefe de la fuerza, Alfredo Morello, determinar los hechos. Morello le encargó el 16 de julio del 85 al mismo comisario Miguel Gauna, entonces titular del Departamento Judicial (D5), que en calidad de secretario fuera el encargado de pedir los informes a las Seccionales. De esta manera, quién debía ser investigado, se convirtió en investigador.

El comisario Gauna tuvo así una doble actuación en el caso de la mujer presuntamente golpeada por Tierno: no sólo habría llegado a encubrir el hecho con la pérdida del sumario realizado por un oficial, que fue trasladado esa misma noche al oeste provincial, en una decisión que se tomó de urgencia; sino que fue el encargado de determinar qué había pasado que no se había investigado el caso.

Sin antecedentes.

Gauna, de acuerdo al expediente 4.931 abierto desde Secretaría General de la Gobernación para informar a los diputados provinciales, al que tuvo acceso LA ARENA, cursó oficios a las distintas dependencias policiales para que respondieran acerca de lo requerido por la Legislatura. El oficial sospechado hizo los reclamos a los comisarios Angel Alberto Martiní, titular de la Seccional Primera; Gerardo Antonio Exner, de la Tercera; y Edilio Zabala, de la Segunda, cuando él conocía lo que había ocurrido y donde estaba el documento. Todos afirmaron haber realizado la consulta a los archivos y señalaron que no surgían antecedentes de la denuncia de la que se pedía informes.

Esta nueva revelación de la parte que le tocó cumplir a Gauna en dos oportunidades en el caso de la supuesta golpiza a la mujer por parte del ex funcionario, ofrece más datos para pensar en un posible doble encubrimiento entre ambos. En el caso del entonces asesor letrado, este podría haber llegado a encubrir, al dejar fuera de toda sospecha a su autor, delitos de lesa humanidad al no investigar las acciones de Gauna durante la dictadura militar.

¿Una excusa para no declarar

El pasaje de avión que Juan Carlos Tierno presentó ante el TOF de Santa Rosa para justificar su ausencia en la audiencia del pasado miércoles era real, aunque no habría sido así la excusa de que se iba de viaje. El ex ministro habría estado durante toda esa jornada en Santa Rosa, y así lo habrían corroborado varios testigos que a las 16.30 aseguran haberlo visto caminando en la esquina de Gil y O'Higgins con dos ruedas de bicicleta en sus manos rumbo a un comercio del rubro ubicado en la zona.

Los represores rompen el silencio

Hoy se reanudará el juicio a los nueve represores de la Subzona 14, procesados por secuestros y torturas durante la última dictadura militar. En la apertura de la novena semana de debates, se podría presentar hoy el último testigo, el ex asesor letrado Juan Carlos Tierno, pedido por los abogados defensores para hablar sobre la confección del sumario administravo de 1984.

Después, se le tomarían las declaraciones indagatorias a los ex oficiales acusados de delitos de lesa humanidad: el ex coronel Néstor Omar Greppi y los policías retirados Antonio Oscar Yorio, Néstor Bonifacio Cenizo, Athos Reta, Roberto Constantino, Roberto Oscar Fiorucci, Carlos Reinhart, Omar Aguilera y Hugo Marenchino.

Si bien no se sabe cuántos serán los que declaren, si se pudo establecer que luego de años del pacto de silencio entre ellos y lo ocurrido durante la dictadura, hay varios que abrumados por las pruebas y los testimonios en contra decidieron hablar. Lo que se estima es que los policías pampeanos podrían llegar a deslindar responsabilidades en los oficiales del Ejército.