Por CARLA PELLIZA

"La violencia es el límite", dijo el ministro de Seguridad de la Ciudad, Eugenio Burzaco, para justificar el accionar de la Policía frente a una manifestación en el Obelisco que culminó con la muerte de Facundo Molares. Según el funcionario, la víctima estaba dentro del grupo que se "violentó" contra los efectivos de seguridad y hubo que actuar. Ese posicionamiento a favor de la mano dura no es nuevo y se acrecentó, dentro de Juntos por el Cambio, en el tramo final de la campaña de las elecciones 2023.

Según los dos únicos voceros habilitados para el caso, el propio Burzaco y Alberto Crescenti, del SAME, el hombre falleció a causa de un infarto y no de la represión que se desató en el centro porteño en manos de la policía. La carátula fue, en principio, averiguación causal de muerte, algo que terminará de determinar la autopsia, y las pericias quedaron en manos de la Policía Federal.

Horacio Rodríguez Larreta, que tenía pautada una entrevista con LN+ a las 19:15, la suspendió y según explicaron en Uspallata, no saldría a dar testimonio, al menos en el corto plazo. El único parte oficial llegó de boca del ministro de Seguridad y del ministerio de Salud que reportó mayores datos como la edad del hombre, de entre 40 y 45 años, y su fallecimiento en el hospital Ramos Mejía.

Estos accionares son causa de discursos que promueven la violencia y el odio hacia las manifestaciones. En el último tiempo, los candidatos de Juntos por el Cambio, sea cual sea la línea, salieron a mostrar su descontento con los cortes de calle, a amenazar con "problemas" a sindicalistas y piqueteros, a querer promover el modelo represivo de Jujuy o simular la demolición del ministerio de Desarrollo Social para terminar con los reclamos.

Incluso se llegó a plantear la necesidad de reducir el volumen de las manifestaciones para poder controlarlas mejor, en especial si éstas no cuentan con la presencia de niños. Al no haber menores, la represión podría ser mucho más sencilla ante la falta de "escudos".

Los proyectos de ley

En ese contexto, no es difícil encontrar proyectos de ley mano dura presentados en el Congreso. Solo en 2022 ingresaron 16 textos para modificar el Código Penal y este año se sumaron otros tantos. No es un tema nuevo para la oposición pero sí uno utilizado en momentos clave. Entre esas propuestas están no sólo la baja de la edad de imputabilidad sino también una mayor permisividad a las fuerzas de seguridad, sobre todo después del caso Chocobar.

Los programas de Patricia Bullrich y de Horacio Rodríguez Larreta se parecen bastante. Ambos plantearon modificar el Código Penal, bajar la edad de imputabilidad, enfrentar los cortes de calle y piquetes. La ex ministra se posicionó a favor de llevar las pistolas Taser a todo el país, algo que empezó a implementar la CABA, blindar fronteras calientes e incrementar el número de efectivos de fuerzas de seguridad.

Pero lo sorprendente son los proyectos de ley en el Congreso. El 11 de mayo de este año, el diputado Alberto Assef. Según el texto, los efectivos de seguridad no serán punibles en caso, incluso, de lesionar o dar muerte a una "persona agresora" para "impedir la consumación de uno o más delitos" por entender que estaba en cumplimiento de su deber.

Entre los argumentos mencionó la doctrina Chocobar de Bullrich ministra, donde se reguló el uso de armas letales en caso de defensa propia, para impedir un delito grave, para detener a quien lo represente o para impedir la fuga. O sea, disparar incluso en situación de escape. El proyecto tiene la intención de modificar un artículo que "estipula la existencia de ciertos supuestos o causas de justificación". Dar vía libre.

Pero no es el único. Con solo dar un breve pantallazo, y sin salir del segundo cuatrimestre del 2023, aparecen otras iniciativas tendientes a liberar el accionar policial. Un documento presentado por Diego Santilli y acompañado por otros compañeros de bancada, también se permitió el uso de arma de fuego ante el peligro de una vida. "El riesgo se medirá existente en tanto la  situación delictiva continúe, aún cuando la persona que crea la situación de riesgo no tuviera el arma en la mano o emprendiera la huida". Otra vez, por la espalda. Este fue ingresado el 16 de junio de este año.

Estos proyectos, sumados a las advertencias mencionadas, mostraron la intención del libre accionar para la policía bajo la premisa de "cuidar a quienes nos cuidan". Pero también hay  otros vinculados al triste episodio del miércoles, el asesinato de Morena, y la vuelta del debate por la baja de la edad de imputabilidad. No es de sorprender que haya varios textos en ese sentido.

A fines del 2022 y hace tan solo unos días, por poner dos ejemplos, se presentaron dos textos para bajar el mínimo a 14 años y poder penar a menores de entre esa edad y los 18 años. Lo refrendaron Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que lo tiene como propuesta dentro de su plataforma electoral.

Pero también desde la oposición apuntaron contra las protestas sindicales por derechos laborales con penas de cárcel. "Bloqueos extorsivos", le llamaron. El 13 de julio ingresó para buscar reprimir con "prisión de dos a cuatro años al que impida, estorbe, entorpezca el normal funcionamiento de un establecimiento comercial o industrial o de servicios, bloqueando por cualquier medio el libre acceso y salida de personas y vehículos de dichas empresas o de otras empresas". Con sanciones de inhabilitación especial en caso de ser representantes gremiales.