Con la firma de los presidentes de todos los bloques que conforman el Concejo Deliberante, esta semana quedó aprobado ad referéndum un proyecto de comunicación dirigido al Departamento Ejecutivo para establecer un boleto estudiantil. A su vez, resta definir el destino que tendrá una iniciativa donde se solicita al gobierno nacional la revisión de los incrementos tarifarios y se busca la adhesión de los cuerpos legislativos locales de toda la provincia de Buenos Aires.

La primera propuesta fue elaborada por el bloque unipersonal Unión Celeste y Blanco –Rojo Punzó-, integrado por el edil Jorge Artero.

Concretamente, se solicita que el gobierno de Luciani "se conecte a la brevedad con las empresas de colectivos que brindan servicios de transporte, e interceda para lograr un beneficio del 50 por ciento de descuento en el cobro de la tarifa en las líneas de media y larga distancia, y una tarifa única de 1 peso en las líneas locales para estudiantes universitarios".

A modo de argumento, Artero planteó que "son muchos los estudiantes de nuestra ciudad que en este nivel de estudio deben viajar a distintas ciudades e inclusive a la ciudad de Buenos Aires". En ese contexto, "el alto costo que tienen los pasajes del transporte público de pasajeros de mediana y larga distancia, en los cuales se trasladan los estudiantes universitarios de nuestra ciudad, perjudica su economía".

El edil también recordó que muchas de las empresas tienen su origen en Luján y destacó "la buena predisposición que tienen las mismas". Por otra parte, tal como pasó en el vecino partido de Pilar, "ya son varios los distritos que con diferentes empresas han acordado en este sentido, una serie de descuentos especiales para los estudiantes".

A NACIÓN

Por su parte, el Frente Renovador redactó un proyecto de resolución que en su primer artículo plantea dirigirse al ministro del Interior y Transporte de Nación, Florencio Randazzo, "a los fines de solicitarle la reconsideración del aumento de las tarifas de los servicios públicos del autotransporte de pasajeros".

En otro de los puntos, la iniciativa establece invitar al resto de los Concejos Deliberantes bonaerenses a sumar apoyo al pedido efectuado al Estado Nacional. Por el momento, el proyecto no fue aprobado.

En los argumentos, los concejales realizaron una reseña vinculada al transporte de colectivos desde 2002 en adelante. En tal sentido, se indicó que ese año comenzó a instrumentarse un mecanismo de subsidios provenientes del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) "con el objeto de equilibrar los desfazajes de los costos operativos del transporte de pasajeros, financiado con un porcentaje del precio de cada litro de gasoil que se vendía en nuestro país".

Sin embargo, "ante la insuficiencia de los fondos que se recaudaban con la venta de gasoil, en 2006 el SISTAU fue complementado con la creación de un Régimen de Compensación Complementaria, nutrido con aportes del Tesoro Nacional, con el objeto de mantener las tarifas congeladas y, al mismo tiempo, garantizar las condiciones de eficiencia y calidad de dichos servicios".

Como síntesis de las citadas resoluciones, "la determinación de los cuadros tarifarios a aplicar con motivo de las variaciones de costos e ingresos de los operadores del servicio, pasó a ser potestad del Estado Nacional a través de la repartición con competencia en la materia".

Los ediles plantearon que, para argumentar el último aumento, el gobierno expuso que "las mejoras constatadas respecto del salario real de la población, acompañada por una marcada caída de los índices de desocupación, permitieron que parte del déficit de cobertura de los costos de explotación de los servicios de transporte urbano y suburbano fueran atendidos mediante la reestructuración de sus niveles tarifarios". Al respecto, los concejales consideraron que esa explicación "resulta una verdadera falacia ya que la creciente inflación ha devastado el poder de compra de los segmentos sociales que utilizan el transporte público".

Ante el incremento del 66 por ciento dispuesto a fines del año pasado, los concejales consideraron que "el desmedido aumento de las mencionadas tarifas genera un negativo impacto en la economía de miles de familias lujanenses que utilizan dichos servicios, puesto que la medida adoptada por el gobierno nacional involucra a la Línea 57, como así también a las líneas provinciales con cabecera en nuestra ciudad (256, 276, 350, 365, 439, 444) y a todas las Líneas comunales (500, 501, 502, 503)".

Por últimos, desde el Frente Renovador expresaron que "el peso del ajuste no debe recaer sobre las espaldas de los usuarios de dichos servicios y por ello entendemos que el gobierno nacional debería revertir la medida y contemplar la posibilidad de redireccionar los miles de millones de pesos que –en concepto de subsidios- hoy benefician a sectores de alto poder adquisitivo y a grandes grupos empresarios".

Quejas en Pilar

En un artículo publicado recientemente por el sitio www.pilaradiario.com se plantean una serie de quejas que los vecinos de Pilar mantienen hacia el servicio prestado por la empresa Atlántida hacia Capital Federal. Al respecto, se menciona "el mal estado de las unidades, la falta de higiene, la poca frecuencia que se ofrece y, en los últimos días, una inesperada invasión de mosquitos son los reclamos más recurrentes".

Según expuso un usuario, "en el interior de estos colectivos te podés encontrar un montón de cosas porque no se limpian, los días que llueve mucho te inundás y los asientos están rotos", al tiempo que indicó que "he viajado con un coche totalmente inclinado por la Panamericana porque se le rompió la suspensión".