El legisladorAlberto Colombres Garmendia (Pro), presentó un proyecto de ley que tiene por objetivo proteger y mejorar el medio ambiente de la provincia, a través de la implementación de una política ambiental para el control, conservación y preservación del arbolado público.

La iniciativa establece la declaración al Sistema de Arbolado Público como patrimonio natural y cultural de la Provincia, de interés provincial y se le otorga el carácter de servicio público prioritario.  

Asimismo, se deja asentado que, a través de la Autoridad Competente  de cada jurisdicción, se podrán efectuar tareas de podas de ramas y/o raíces, rebajes y desbrotes sólo cuando sea necesario garantizar la seguridad de personas y/o bienes, la prestación de un servicio público, la salud de la comunidad y/o la conservación del arbolado público.

En estos casos se tomarán los recaudos para que los ejemplares afectados sean sometidos a los tratamientos y procedimientos adecuados compatibles con la resolución del inconveniente y la salud e integridad de él o los ejemplares afectados.

En tanto, se podrán efectuar tareas de erradicación o tala, sólo cuando por su estado sanitario o fisiológico no sea posible su recuperación, o sea necesario privilegiar el desarrollo de un ejemplar respecto a otro vecino, o bien impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.

En relación a lo anterior, se deja de manifiesto que todo árbol eliminado o trasplantado deberá ser sustituido por otro ejemplar, de no ser posible la plantación en el mismo lugar, deberá plantarse el nuevo ejemplar en sus inmediaciones.

De acuerdo a lo remarcado en la propuesta elaborada por Colombres Garmendia todo proyecto de construcción, reforma edilicia o actividad urbana en general, deberá respetar el arbolado público urbano existente o el lugar reservado para futuras plantaciones.

Otro de los aspectos que se resaltan en la iniciativa refieren a la creación del Registro de Arboles Históricos y Notables de la Provincia de Tucumán, especies que no podrán ser taladas, podadas o desramadas sin informe del Consejo Provincial de Defensa del Arbolado Público (integrado por la Dirección de Medio Ambiente, la Facultad de Ciencias Naturales, de Agronomía y Zootecnia de Arquitectura y Urbanismo de la UNT, la Fundación Miguel Lillo y el Consejo Provincial de Economía y Ambiente).