Un proyecto de ley que apunta directamente a mejorar y transparentar los procesos licitatorios del Estado ingresó ayer en la Cámara de diputados provincial. La iniciativa corresponde al diputado del Frepam Martín Berhongaray.En su artículo 1, el proyecto apunta a retrasar el plazo para acreditar el certificado de cumplimiento fiscal, que deberá adjuntarse dentro de las 72 horas de notificarse la preadjudicación de la licitación.
La otra parte determinante del proyecto apunta a derogar la excepción vigente en el reglamento de contrataciones del Estado que establece que la "invitación expresa" a participar exceptúa a los oferentes del deber de acreditar el cumplimiento fiscal.
"La norma que proponemos elimina el beneficio que tienen actualmente los 'invitados a participar' por el Estado, que lo libra de un cúmulo de obligaciones que subsisten en cabeza del resto de los proveedores, afectando la ética estatal y la búsqueda de lo más conveniente para los intereses públicos", explicó el legislador.
En este punto, Berhongaray se basó en la investigación que dio a conocer LA ARENA tiempo atrás cuando el Tribunal de Cuentas observó la decisión del Superior Tribunal de Justicia de dejar fuera de una licitación a muchos oferentes, interpretando que la venta de los pliegos a las empresas equivalía a "invitarlas" a participar de la licitación.
"Hay que cerrar el paso a la posibilidad de interpretaciones caprichosas de la Ley precisando su alcance, y a que se favorezca a ciertas empresas con ventajas. Apuntamos a la mayor transparencia posible", destacó el autor del proyecto.
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