La Asesoría, especializada en la protección de los derechos de las personas afectadas en su salud mental, subrayó "la urgente necesidad de contar con este instrumento legal que contribuirá a evitar el encierro en manicomios de personas sólo por el hecho de estar en una situación de pobreza".

La iniciativa "avanza hacia el reconocimiento de las personas con discapacidad y con padecimiento en su salud mental como sujetos de derecho y reconoce expresamente el respeto de la voluntad de las personas usuarias de los servicios de salud mental, a diferencia de las leyes actuales, que definen a las personas con padecimientos en su salud mental como incapaces".

El organismo destacó las revisiones judiciales periódicas de las internaciones involuntarias, el derecho a contar con asistencia legal gratuita desde el inicio del procedimiento, y el derecho a la integración en la comunidad, rehabilitación y consentimiento informado para todo tratamiento, como principales avances de la nueva norma.

"El carácter no manicomial del proyecto se advierte con medidas concretas que prevén la prohibición de crear nuevas instituciones de esas características y la progresiva desinstitucionalización mediante la atención integral en hospitales generales y otros dispositivos terapéuticos", sostuvo.

"Además, obliga al Poder Ejecutivo a incrementar progresivamente las partidas presupuestarias destinadas a salud mental hasta alcanzar un mínimo del 10% del presupuesto total de salud", resaltó la Asesoría.