El diputado del Frente Para la Victoria, Miguel Montoya presentará en la próxima sesión y con tratamiento con fecha fija el proyecto de ley “Gaucho Rivero” que ya fue sancionado en Tierra del Fuego y tiene estado parlamentario en Santa Cruz.
“Con este proyecto solicitamos dejar en claro la posición de nuestra provincia ante el avance británico, tal como ya fue expresado por el resto de los puestos de nuestro país, en unanimidad los Concejos Deliberantes de Mar del Plata, Puerto Deseado, Comodoro Rivadavia y Río Grande, así lo expresaron en los respectivos repudios sancionados”, indicó el diputado quien agregó que “no aceptamos bajo ninguna razón o punto de vista la presencia en aguas provinciales de buques de bandera inglesa o de conveniencia, dedicados a la exploración o explotación de petróleo en la Cuenca de Malvinas, dentro de nuestro Mar Argentino, como es el caso del remolcador de apoyo, Normand Baltic (que enarbola bandera británica de la “Isla de Man” o de “Noruega”) y el buque perforador Stena Drillmax (bajo bandera británica “United Kingdom” o de “Chipre”).
Recordemos que los siete puertos mencionados de nuestro país declararon el rechazo al amarre y abastecimiento de los buques al servicio de la UTE formada por Repsol, Pan American Energy y Petrobras, que realizan tareas de exploración y perforación petrolera en la cuenca de las Islas Malvinas sobre la plataforma continental argentina.
El legislador indicó que serán los estibadores quienes harán efectiva la ley, no permitiendo el amarre del buque y no abasteciéndolo. Esta es la segunda propuesta del legislador en relación con la ocupación de las Islas Malvinas. El año pasado, el veterano de guerra presentó un proyecto que solicitaba sancionar a las empresas que trabajan en la Cuenca del Golfo San Jorge y que participan en la explotación y exploración de recursos en las islas. El proyecto que pedía que en caso de que participen caducaran sus contratos pero fue rechazo. Por este motivo es que Montoya solicitará un tratamiento con fecha fija para evitar que quede en comisión y se pierda como ocurrió con el anterior.
Un insulto a la memoria
Para Montoya la presencia de buques con bandera inglesa o de conveniencia operando en aguas argentinas contiguas a las Malvinas es una afrenta y un insulto a la memoria de los compatriotas que dieron su vida luchando por la afirmación de nuestros derechos en las Islas Malvinas, Georgias, Orcadas y Antártida Argentina. Dichas acciones no resultan admisibles dado que perjudican a los derechos de soberanía de nuestro país sobre las Islas del Atlántico Sur y a la vez contribuyen a afianzar los de la potencia usurpadora.
“Es facultad y deber del Cuerpo Legislativo provincial promover los más caros valores patrios, respetando y honrando el coraje y el amor por la patria que demostraron quienes arriesgaron y dieron sus vidas en la Gesta de Malvinas, repudiando cualquier acto de colonización e imperialismo y respaldando la recuperación pacífica de las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur”, indico.
El proyecto establece que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ocupa ilegítimamente las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes y que la persistencia de dicha ocupación se traduce en una controversia de soberanía que ha sido reconocida por la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y otros organismos internacionales.
Se considera que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte mantiene su negativa a dar cumplimiento a las Resoluciones 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 y 43/25 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en las que se reconoce la existencia de una disputa de soberanía referida a la “Cuestión de las Islas Malvinas” y se insta a los gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a que reanuden las negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad posible una solución pacífica, justa y duradera de la disputa. Persiste el incumplimiento británico de la disposición de no innovar, establecida en la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se manifiesta en sucesivos episodios vinculados a la explotación de recursos naturales.
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