En Chaco, la Secretaría de Planificación y Evaluación de Resultados, que depende del gobernador Jorge Capitanich, informó que la inflación de febrero en Resistencia fue de 1,7%, unas décimas por encima del 1,4% de enero.

Así en el primer bimestre de este año la inflación chaqueña suma el 3,1%, más que duplicando el 1,5% del Indec. Con un 7,9 % la indumentaria y el calzado fueron los rubros que más subieron el mes pasado.

En La Pampa, gobernada por el kirchnerista Oscar Jorge, en febrero los precios subieron 1,9%, repitiendo el guarismo de enero. Y en Tierra del Fuego, gobernada por Fabiana Ríos, cercana al gobierno kirchnerista, el alza fue de 2,2% acumulando en el bimestre una suba de 4,8%.

En Ushuaia el rubro alimentos y bebidas aumentó en febrero 2,94% y en Río Grande el 2,43%.

En todos estos casos, los datos de inflación superaron a los de las consultoras privadas. Por ejemplo, el Estudio Bein informó que el mes pasado la suba de precios fue del 1,4% y a Graciela Bevacqua el 1,5 por ciento.

Así, se sigue ampliando la brecha entre las mediciones del Indec y las de los Institutos oficiales provinciales.

Si bien cada Instituto hace su medición con metodologías distintas a las del Indec, hasta diciembre de 2006, cuando fue intervenida el Area de Precios del Instituto Nacional, las variaciones de los precios eran muy coincidentes.

Desde entonces, las cifras provinciales siguieron la misma evolución y se fueron separando de las del Indec a tal punto que en estos 4 años, en promedio las cifras de 7 provincias acumulan un alza de los precios minoristas de 126%, mientras el Instituto nacional suma un poco más de 40%.

A partir de datos de inflación tan divergentes se desprenden conclusiones dispares sobre indigencia y pobreza o del poder adquisitivo de los asalariados y jubilados. Esos indicadores sociales se miden relacionando los ingresos de las personas y las familias con la evolución de los precios y los valores de la canasta básica alimenticia.

Las cifras de inflación de las provincias han pasado a ser la referencia para la toma de decisiones. Por ejemplo, los convenios salariales que se acordaron en estos años se aproximan a esos datos.

Ahora, tras las intimaciones y multas a las consultoras privadas, queda el interrogante de si el Gobierno buscará “avanzar” sobre las provincias para evitar que la difusión de sus mediciones siga poniendo de relieve la verdadera magnitud de la inflación.