De acuerdo a un informe publicado recientemente por el IArAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal) los envíos a provincias en concepto de coparticipación y leyes especiales superaron en 2012 los ciento setenta mil millones de pesos, monto que implicó un crecimiento del 26,9% con respecto al año anterior.

El análisis hace hincapié en los montos de coparticipación por habitante remitidos a las provincias e indica que Tierra del Fuego fue la provincia que más recursos per cápita recibió ($14.959 pesos) mientras que la provincia de Buenos Aires fue una de las que menos recursos coparticipables recibió per cápita ($2.103 pesos).

Con el objeto de graficar las disparidades de manera contundente, los analistas calcularon el índice de las transferencias por coparticipación per cápita recibidas durante 2012 en las distintas jurisdicciones subnacionales. Para el análisis comparativo se utilizaron como base los ingresos por coparticipación per cápita de Tierra del Fuego debido a que esta fue la provincia que mayores envíos de fondos recibió por habitante. El ranking estuvo encabezado por Tierra del Fuego y Santa Cruz, en primero y segundo lugar respectivamente. Catamarca y Formosa ocuparon el tercero y cuarto. En último lugar se ubicó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que recibió 93 puntos menos que Tierra del Fuego.

El estudio también se ocupó de remarcar las disparidades entre regiones. Con este fin agrupó las 24 jurisdicciones en función del producto bruto y de la densidad poblacional (habitantes por kilómetro cuadrado de superficie). Tierra del Fuego se encuadró en el grupo de provincias que percibieron altos ingresos y que registraron una baja densidad poblacional junto con Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, San Luis y Santa Cruz. Los tres grupos restantes quedaron conformados por jurisdicciones de altos ingresos y alta densidad poblacional (Buenos Aires, Córdoba, CABA, Mendoza y Santa Fe); bajos ingresos y alta densidad (Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones y Tucumán) y bajos ingresos y baja densidad (Catamarca, Formosa, La Rioja, Salta, San Juan y Santiago del Estero).

Los analistas del IArAF advirtieron que “para las jurisdicciones de alta densidad, el grupo de bajos ingresos recibe por coparticipación per cápita prácticamente el doble que el grupo de altos ingresos, lo cual resultaría lógico desde el punto de vista del criterio redistributivo de recursos. Por el contrario, para el caso de las jurisdicciones de baja densidad, ambos grupos reciben en promedio prácticamente el mismo monto. Incluso, en el año 2012 los grupos de altos recursos recibieron fondos por habitante superiores a los de bajos ingresos en más de $250 pesos por habitante.

Finalmente, los especialistas evaluaron las diferencias entre la distribución de recursos per cápita dentro de cada grupo de provincias. Indicaron que el grupo más homogéneo fue el de bajos ingresos y alta densidad poblacional dentro del cual la provincia del Chaco fue la que más dinero por habitante obtuvo ($7.749 pesos) y Misiones la que menos obtuvo ($5.062). Señalaron que en el resto de los grupos se evidenciaron disparidades más remarcadas. En este sentido mencionaron que “en el grupo de bajos ingresos y baja densidad, por ejemplo, un habitante de la provincia de Catamarca o Formosa recibió, en promedio, más del doble que uno que reside en Salta, siendo que estas jurisdicciones poseen características económicas y poblacionales similares. Del mismo modo, un ciudadano de Tierra del Fuego recibió fondos por coparticipación ($14.959 pesos) que casi triplicaron los que recibió uno de Chubut ($5.846 pesos) o uno de Neuquén ($5.279 pesos).

Como conclusión del análisis, desde el IArAF consideraron que las diferencias que existen entre los distintos grupos de provincias evidencian “disparidades difíciles de explicar de manera objetiva” aunque reconocieron que el sistema actual de coparticipación posee “algunas características redistributivas”.

El sistema actual de coparticipación en Argentina, si bien fue concebido originalmente para responder a ambos criterios, adolece en la práctica de un orden esquemático, constituyendo un complejo esquema de transferencias que da lugar a importantes distorsiones y disparidades.

Los autores del informe aclararon que en el análisis no se incluyeron las transferencias del Fondo Federal Solidario que, aunque se realizan de manera automática, no forman parte del sistema legal de coparticipación; ni las transferencias desde el nivel federal a las provincias que se realizaron de manera no automática o discrecional, en este último caso la información oficial disponible no permitió la desagregación de los envíos por jurisdicción.

Por último, admitieron que existen dificultades para obtener el suficiente consenso por parte de todos los actores involucrados para lograr corregir el estado actual de la situación. No obstante, manifestaron que “año tras año se hacen más ineludibles las señales de la necesidad, ya no de una reforma, sino de un nuevo marco regulatorio integral para la generación y reparto intergubernamental de los recursos en nuestro país, que incorpore todo lo necesario para que la misma gane en eficiencia, equidad y transparencia”.

La necesidad de un debate integral

Los analistas estimaron indispensable que “en algún momento se debata en el país el reparto de fondos existente, considerando en el análisis todos los fondos que bajan desde la nación a las provincias”. En este aspecto explicaron que las necesidades económicas o fiscales de cada una de las 25 jurisdicciones (Nación, provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires) “no debieran buscar ser resueltas a través de soluciones individuales, ya que la discusión siempre se da en el marco de lo que en economía se denomina un ‘juego de suma cero’: si por ejemplo sólo se cambiase la distribución primaria en favor de las provincias, lo que éstas puedan obtener de recursos extra será resignado por el nivel nacional. Asimismo, cualquier planteo de reformas exclusivamente en la distribución secundaria conllevará la existencia de provincias ‘ganadoras’ a expensas de otras que resultarán ‘perdedoras’ con la modificación”.

Algunas claves

En un país federal se requiere un mecanismo que distribuya los recursos fiscales entre los diferentes niveles de gobierno, de modo que se garantice la provisión de bienes y servicios públicos de una manera equitativa a lo largo del territorio.

El sistema vigente en Argentina es el de Coparticipación Federal de Impuestos, que consiste en la concentración de la recaudación de los impuestos más importantes por parte de la Nación, y su posterior distribución entre las Provincias.

En la práctica, el sistema actual de Argentina adolece de un orden esquemático, constituyendo un complejo esquema de transferencias con importantes disparidades regionales.