En una clara demostración que la Provincia y la Nación aprendieron de los hechos del 3 y 4 de diciembre que terminaron en una ola de saqueos en Córdoba tras un paro de la Policía, ayer combinaron esfuerzos para evitar un nuevo posible autoacuartelamiento de uniformados, que podría haber sido de imprevisibles consecuencias.

La Nación envió 1.200 efectivos y por la tarde arribó a la ciudad el secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien mantuvo una reunión con el gobernador de Córdoba y luego ofrecieron una conferencia de prensa, en un clima de colaboración mutua. José Manuel de la Sota expresó que la presencia de la Gendarmería, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeronáutica es para “dar a los cordobeses tranquilidad” de que en la Provincia hay “un orden como corresponde” y que la fuerza local “acata la Constitución”.

“Si algún loco cree que se puede hacer lo mismo que pasó el 3 y el 4 de diciembre, está equivocado”, expresó el gobernador ante versiones de que estaba en marcha un nuevo autoacuartelamiento en demanda de algunos puntos que no habrían sido cumplidos por el Gobierno provincial.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, expresó que desde el Gobierno nacional no se va “a permitir que ninguna fuerza policial extorsione al poder político”, tras arribar a la provincia de Córdoba para coordinar el trabajo en materia de seguridad con el Gobierno local.

Sobre los pasados hechos de diciembre, expresó que con la Provincia no hay ninguna enemistad, y que la Gendarmería se movilizó en tiempo y forma cuando se cumplieron con los requisitos necesarios que cualquier democracia debe respetar, en alusión a las autonomías provinciales.

El funcionario nacional se mostró esperanzado en que la justicia cordobesa “avance para dar con los actores intelectuales” de los saqueos de diciembre y no se quede solo en los autores materiales”. Berni sostuvo, además, que lo que ocurrió en diciembre en esa provincia fue “una movida para llevar caos y extorsión” aunque destacó que “no toda la policía” estuvo involucrada en los hechos. “Son muchos más los buenos”, estimó.

Los acontecimientos

Fue una jornada cargada de tensiones, que comenzó anteanoche con el pase a pasividad de cuatro policías (el oficial subinspector Damián Zamora, el sargento César Sánchez, y los cabos Roque Rodríguez y César Zárate) acusados de esta incitando a un nuevo autoacuartelamiento, y que culminó ayer con la detención de 17 uniformados ordenadas por el fiscal Raúl Garzón y el pase a retiro de cinco comisarios del interior provincial.

Ante la dureza de las medidas, el gobernador se anticipó a posibles protestas, y convocó a través del Jefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich, a la Gendarmería para que garantice el orden social. Capitanich aclaró que fue la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner quien ordenó el envío de 1.200 gendarmes.

Como consecuencia de estas medidas combinadas entre la Provincia y la Nación, las mujeres de los policías que habían convocado a un “abrazo” a la Jefatura de Policía, realizaron una protesta en horas de la mañana frente a la sede policial, pero decidieron levantar la medida definida para la tarde al no recibir mayores adhesiones.

Garzón ordenó la detención de 17 efectivos, una de ellas Marcela Rearte, ex empleada del Servicio Penitenciario (por acciones el 2 de diciembre), sospechados de estimular y participar en los saqueos durante el acuartelamiento pasado.

En tanto, los comisarios mayores pasados a retiro obligatorio son Sergio Berrocal (jefe de la Departamental San Javier), Ángel Domínguez (jefe de la Departamental Río Cuarto), Adrián Ferrato (jefe de la Departamental Sáenz Peña), Horacio Soria (jefe de la Departamental Unión) y Gustavo Godoy (ex jefe de la Departamental Punilla). Desde la Policía se hizo especial hincapié en aclarar que estos pases a retiro no tienen que ver con el autoacuartelamiento.

El abogado de las mujeres de policías que demandan mejoras en los salarios, Nicolás Romero, estimó que la detención de Rearte y de los policías, es una medida de carácter «política» tomada por un fiscal que es designado por el gobernador. Garzón evitó entrar en la polémica y no respondió a Romero.

Por su parte, el abogado de otro grupo de mujeres de policías, Miguel Ortiz Pellegrini, dijo que el sector que protestó ayer frente a la sede policial, no las representaba.

De esta manera, los 17 detenidos y los 4 pasivizados, se enmarcan en una embestida política de la Provincia, para evitar que se produzcan nuevos hechos como los registrados en diciembre, y por democratizar una fuerza que demostró que contiene elementos dispuestos a fomentar maniobras de presión reñidas con la función de la Policía. La presencia de la Gendarmería busca, por su parte, garantizar que el Gobierno provincial y la Justicia puedan trabajar sin sufrir nuevas extorsiones acorde al Estado de derecho que reina en el país.