El organismo aplicó la Ley Penal Tributaria, por decisión del Gobernador. Se trata de establecimientos que retienen los aportes a sus empleados pero no los depositan en el IPS. Los dueños de los colegios podrían recibir penas de entre 2 y 6 años.
A esta lista deben sumarse los tres empresarios, quienes fueron denunciados en la Justicia Penal, el 3 de mayo pasado. Sus propietarios podrían ser condenados por la Justicia a una pena de entre dos y seis años de prisión.
Se trata de establecimientos privados que retienen los aportes previsionales a sus trabajadores, pero no los depositan en el organismo que administra la jubilación de los empleados públicos de la Provincia.
En ese sentido, el titular de la entidad, Mariano Cascallares, resaltó la decisión del gobernador (Daniel Scioli) de recurrir “a esta herramienta que es la Ley Penal Tributaria”, para denunciar penalmente a quienes evaden la responsabilidad de empleadores.
Según informó el IPS, la morosidad en el pago de este tipo de obligaciones patronales se redujo más de 35 por ciento, para ubicarse en el 15 por ciento actual. Los operativos incluyeron acciones coordinadas con el Ministerio de Trabajo y la cartera de Educación; la Federaciones de Colegios y el gremio de los docentes privados, Sadop.
La prisión de los evasores está contemplada en la ley. El artículo 9 de la Penal Tributaria estipula que “será reprimido con prisión de 2 a 6 años el empleador que no depositara total o parcialmente, dentro de los diez días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el importe de los aportes retenidos a sus dependientes, siempre que el monto no ingresado superase los 20mil pesos por cada mes”.
El delito que estarían cometiendo quienes retienen aportes previsionales se denomina "apropiación indebida de recursos de la seguridad social".
En la Provincia, funcionan unos 6.700 niveles educativos privados abiertos, de los cuales el 15 por ciento mantiene deuda no regularizada. En los últimos meses, se regularizaron mediante diferentes vías (planes de pago o cancelación al contado) 360.243.854 de pesos.
Ahora, las autoridades buscan perforar el “núcleo duro” de los deudores y para ello desplegarán nuevas acciones como la aplicación de la Ley Penal Tributaria que prevé hasta penas de prisión para los propietarios que se nieguen a concretar los aportes.
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