Ayer, uno de los operarios bolivianos de la planta donde se elaboran utensilios de cocina en madera, Rafael Paniagua Mendoza, dio cuenta que había sido cesanteado y explicó las condiciones de abuso laboral a las que había sido sometido por el responsable de la firma Marcelo Bruno. También dijo que "mintió" al declarar ante los inspectores para preservar su fuente de trabajo.

Julio San Miguel, director de Relaciones Laborales, fue consultado sobre los dichos del trabajador y lo ocurrido en Maderas Bruno el 2 de abril, cuando inspectores de esa dependencia y de organismos nacionales realizaron un operativo en la firma.

"Los trabajadores, en cuanto a tratamiento y condiciones de trabajo, expresaron su plena conformidad en el momento que se hizo la inspección; obviamente, los inspectores también constataron las irregularidades que había y se hicieron las actuaciones que derivaron en un sumario y una intimación (al propietario de la empresa) para que corrija todo lo que hacía falta en seguridad e higiene, y también en materia laboral".

El funcionario provincial dijo que la misma versión de los trabajadores, que cobraban y desarrollaban tareas normalmente, la tienen la AFIP, Migraciones, Policía Federal y al Ministerio de Trabajo.

Aclaró que el cobro del sueldo en negro "es otra cosa" y que en este tipo de procedimientos "cuando se llega lo primero que se hace es la declaración jurada de los trabajadores, que no dijeron nada".

En cuanto a la nacionalidad de los operarios, dijo: "No están escapados, ni son ilegales, entraron al país por trámite oficial y tienen la visa de turistas. Cuando ellos declararon, no dijeron nada, lo que sí pudimos constatar después es la falta de recibos de sueldo, la no aparición de las altas tempranas, la inexistencia del libro de sueldos y jornales. Estaban en negro y nadie lo dijo".

"Ahora van a parecer cosas y si en aquel momento no nos dijeron nada, es porque estaban presionados".

El director insistió en que Relaciones Laborales "intimó a la empresa a que presente documentación, está en rebeldía y seguramente si no soluciona las cosas, puede sufrir una sanción que puede llegar a ser la clausura definitiva; pero esto no lo puedo afirmar, porque no se terminó con el expediente".

"¿Qué tenemos que hacer? ¿Sacarlos (a los trabajadores) de ahí y dejarlos a la deriva en otro lugar? Lo único que podemos hacer es que se corrija la situación de esa gente", añadió el director.

-Ese es el tema, que si dicen la verdad, pierden el trabajo, por precario que sea.

-Un poco es así.

-¿Un turista extranjero puede trabajar en la Argentina?

-Puede trabajar en el tiempo que le otorga la visa, no más. Pero los detalles más finos, en este aspecto, están a cargo de Migraciones, que se comprometió a hacerle la documentación a las cinco o seis personas que encontramos. A la empresa sí le pedimos los papeles de los trabajadores.

-¿Y en el caso de Rafael Paniagua Mendoza, que denuncia haber sido cesanteado de la maderera, qué pasos debe seguir?

-Venir a Relaciones Laborales y hacer el reclamo correspondiente, porque le asisten los derechos de cualquier trabajador.

-La sensación que queda frente a un caso así, es que queda mucho camino por recorrer para desbaratar la explotación de los trabajadores.

-Por eso invitamos siempre a los trabajadores a que vengan a hacer los reclamos a Relaciones Laborales. Primero se debe intimar al empleador al cumplimiento de ciertas cosas y para eso están nuestros asesores legales.

"Nadie regularizó la situación"

La titular de la delegación local de Migraciones, Paula Grotto, aseguró ayer que ni los trabajadores de la empresa Maderas Bruno ni el empleador se acercaron a dicha oficina para regularizar sus situaciones, que tienen distintas responsabilidades en cada caso pero que se mantienen fuera de las normas vigentes.

Grotto explicó que tras la inspección que el pasado 2 de abril realizaron en forma conjunta personal de la Dirección de Relaciones Laborales, del Ministerio de Trabajo, de Migraciones y de la Policía Federal, se invitó a las partes a presentarse para cumplimentar los trámites respectivos, pero a 60 días de aquella situación ninguno lo cumplió.

"Cuando se hizo la inspección se verificó que estas personas, desde el punto de vista migratorio, no estaban en condiciones de realizar un trabajo remunerado. Se les explicó que estaban irregulares, que tenían que tener la documentación al día, que les convenía, y que era un trámite muy simple, pero ninguno se acercó", explicó Grotto.

Al empleador, en tanto, "se le labró una infracción por distintas irregularidades" y se inició "una actuación judicial" por tener trabajadores en condiciones precarias. "Le explicamos al dueño, en realidad a la esposa porque figura ella como dueña, que no podía tener inmigrantes sin regularizar. Nos dijo que entendió mal cómo era el trámite pero de todas maneras nunca vino a Migraciones después de eso", añadió la funcionaria.

Grotto añadió que en el caso de los trabajadores se tiene consideración porque se trata de personas extranjeras, llegadas desde Bolivia en estos casos, y que se sienten indefensas al no portar un documento.

"Siempre se trata de esperar un poco más. El trámite que deben hacer para poder trabajar legalmente tiene un costo de 300 pesos, que no es mucho pero para un trabajador en estas condiciones es una cifra que puede costar reunir. Además, como son del Mercosur se da más plazo para volver a intimarlos a que se regularicen", señaló.

En los casos como los registrados en Maderas Bruno, en Migraciones se tiene en consideración que los trabajadores, por su sola condición de migrantes, están en situación de vulnerabilidad, por eso se busca "simplificar el trámite porque con el DNI en su poder ya sienten otro poder, otra protección".

Más allá de la regularidad o no de los papeles, Grotto afirmó que "en ningún caso" se puede negar el acceso a la salud, es decir que los hospitales públicos deben atenderlos como a cualquier ciudadano.

Además, dejó en claro que los obreros sin papeles al día "igual tienen derecho a reclamar que se les pague todo lo que les deben" y también "pueden recurrir a la justicia" para reclamar sus derechos, "sin importar que estén en irregularidad".