El hecho ocurrió durante la gestión del ex gobernador Jorge Obeid y conmocionó a tal punto a la policía local que generó un acuartelamiento de los efectivos durante dos días a modo de protesta. Se trató de la gota que colmó el vaso, ya que por entonces los policías venían realizando reclamos gremiales por falta de elementos de trabajo

   El caso por el que ahora debe responder el Estado ocurrió el 11 de abril de 2005, cuando el policía Diego Ramón Navarro, en ese momento de 26 años, cumplía un servicio de custodia en el supermercado Azul de Ricardo Núñez y Agrelo.

   Cerca de las 21 irrumpieron delincuentes con fines de robo. Dos de ellos portaban armas de fuego y dispararon contra Navarro, quien repelió la agresión pero fue alcanzado por dos disparos en el tórax (sector izquierdo y región pectoral derecha) y también en la zona lumbar izquierda y derecha.

   Fue asistido por empleados del supermercado y el policía les alcanzó a decir que se le había trabado el arma. Minutos después fue trasladado a un centro de salud, pero falleció a las pocas horas.

   El hecho convulsionó a la policía local, que tomó el caso como el trágico corolario a una serie de reclamos sobre sus condiciones laborales; justamente por la falta de elementos de trabajo, como chalecos y pistolas.

   La investigación penal no arrojó certezas sobre los autores del crimen. Ya en 2007, los padres de Navarro decidieron iniciarle un reclamo civil a la provincia por los daños y perjuicios que les ocasionó la muerte de su hijo, un muchacho soltero que era el único sostén de la familia y se enroló en la fuerza por necesidad.

En funciones. Llevado el reclamo al Tribunal de Responsabilidad Extracontractual Nº 1, integrado por los jueces Fernando Longhi, María Rodríguez y Mariana Varela, se arribó a la conclusión de que el fallecimiento de Navarro fue por las heridas mortales como consecuencia directa del ejercicio de la función policial.

   El Tribunal acumuló testimonios y pericias y llegó a la conclusión de que los disparos recibidos en el tórax que provocaron la muerte del policía “denotan, sin lugar a dudas, la falta de equipamiento idóneo (ofensivo, la pistola; y protectivo, el chaleco) por parte de la demandada.

   Además, los informes de la sección Balística de la Unidad Regional II confirmaron que el arma utilizada por el agente, una pistola calibre 9 milímetros, presentaba un cartucho trabado en la recámara por el encasquillamiento de un cartucho. Ello confirma que Navarro intentó defenderse y el arma no respondió.

   “No caben dudas de que el poder de policía del Estado es una función esencial que debe ejercer para cumplir con los objetivos de interés general, entre los cuales se encuentra el de atender a la seguridad de las personas. Ello explica que para cumplir tales fines, tiene la obligación de proveer toda la protección a los agentes que tienen que actuar en cualquier momento para prevenir delitos que pongan en peligro la seguridad de la población”, se lee entre los argumentos de los magistrados.

   Por ello, los jueces admitieron la demanda y condenaron al Estado a resarcir a los padres de Navarro con 550 mil pesos por el daño moral y material que les ocasionó la muerte de su hijo. Una condena que recae sobre la gestión actual de Hermes Binner, ajeno al reclamo de aquel momento.