En momentos en que el gobierno provincial se estaba tomando un respiro ante el flagelo de la inseguridad en la Provincia, haciendo gala del paquete de proyectos que fueron convertidos en ley por el Parlamento, el secuestro y el brutal asesinato de Matías Berardi, un joven de 16 años, fue un verdadero baldazo de agua fría.
El salvaje crimen de Matías, un pibe de clase media con toda una vida por delante, tiene características muy similares al caso de Axel Blumberg que, en el año 2004, generó una movilización ciudadana sin precedentes en el país.
El flagelo de la inseguridad está poniendo a la Provincia en un verdadero cono de sombras, donde no se avizora una salida, si se sigue por el mismo camino. Sin duda, lo sucedido tomó por sorpresa a la plana mayor del gobierno provincial.
Scioli se encontraba cenando con empresarios en Malvinas Argentinas, y fueron el ministro del Seguridad y Justicia, Ricardo Casal, junto al jefe de la Policía bonaerense, Juan Carlos Paggi, los que raudamente tuvieron que trasladarse al lugar de los hechos a fin de interiorizarse, in situ, sobre lo ocurrido. Casal mantuvo al tanto a Scioli sobre los detalles, y el mandatario optó por mantener el silencio.
Desde hace tiempo, la inseguridad es la principal preocupación que manifiestan los bonaerenses. Y no es para menos. Cuando el ministro Casal asegura que lo ocurrido con el chico de Ingeniero Maschwitz no es “un secuestro extorsivo tradicional”, lo que está poniendo de manifiesto es que, seguramente, fue realizado por delincuentes que no cuentan con ningún tipo de capacidad ni logística para constituir una banda organizada. Un claro ejemplo es el irrisorio monto de dinero que le exigieron a los padres de Matías, una vez concretado el secuestro.
De esta manera, estamos ante un delito que seguramente fue realizado por personas que pertenecen a sectores que se encuentran socialmente postergados, excluidos del sistema, lúmpenes desclasados que al no respetar su propia vida, tampoco les tiembla el pulso para tener que asesinar a sangre fría para robar un par de zapatillas de marca o unos pocos pesos.
Está demostrado que las soluciones que proponen tanto los garantistas como los “mano dura” resultan inconducentes, si no forman parte de un plan global. Para entender, y por ende encontrar soluciones, hay que ir a las raíces de la poblemática. Y ahí encontramos que vivimos en un país con un 40% de pobres, en una tierra rica con capacidad para alimentar a 300 millones de habitantes. Eso es lo que resulta imperdonable.
Existe un Gobierno nacional, que hace siete años tiene las riendas del poder, y que nunca se ha dedicado a atacar las causas estructurales que hacen de la Argentina un país subdesarrollado. Sus prioridades ahora pasan por ver cómo harán para no perder las próximas elecciones presidenciales, ideando mecanismos como las colectoras para volver a trampear a los ciudadanos.
Sólo en muy contadas ocasiones los K se refirieron al drama de la inseguridad, y siempre forzaron situaciones para que sea el gobierno bonaerense el que ponga la cara y pague el costo. Esto no implica que Scioli esté exento de responsabilidad: este gobierno, como los anteriores que comandaron la Provincia en los últimos 23 años -y que son del mismo color político-, han cometido innumerables desaciertos, cuyas consecuencias actualmente se están pagando.
La responsabilidad K
Los responsables del drama actual son los Kirchner, máxima autoridad política del país y que jamás reconocieron que existe un problema con la inseguridad, a la que llegaron a calificar como “una sensación”. Y hasta ordenaron, recientemente, manipular las estadísticas para intentar hacerle creer a la población que los delitos disminuyen, como si la Argentina fuese uno de los cantones de Suiza.
La realidad muestra todo lo contrario: más que país europeo, la Argentina tiene características similares a los países africanos donde impera la violencia. Se está produciendo un profundo quiebre social entre aquellos sectores que están dentro del sistema, que se refugian detrás de las rejas que colocan en sus viviendas para evitar ser víctimas de la inseguridad, y los excluidos que no tienen otra alternativa que delinquir para poder subsistir.
La Policía bonaerense, una vez más, se muestra impotente ante esta realidad. No existe una política de Estado en materia de seguridad que apunte a lograr una fuerza profesionalizada, que cuente con equipamiento y preparación para evitar hechos como los del joven de Campana. Se están formando policías que prácticamente son “arrojados” a la calle con pocos meses de preparación, con sueldos que los ponen al borde de la indigencia y que los obliga a hacer numerosas horas extras. A ellos se le suman los vaivenes de los gobiernos de turno, que hasta implican cambios escalafonarios decididos entre gallos y medianoche, y leyes de emergencia que, en lugar de apuntar a tomar acciones extraordinarias para combatir el delito, fueron una pantalla para hacer negociados.
La versión de Casal
El ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, dijo anoche que se trata de un “caso extraño” e informó que se abrirán todas las líneas investigativas para resolverlo. Según el funcionario provincial, llamó la atención que la víctima tuviera un “solo impacto de bala a quemarropa”, como si se hubiera tratado de “una ejecución”.
Con este crimen, Casal deberá sorportar una nueva catarata de críticas, similares a las que llegaron luego de la salidera bancaria que sufrió Carolina Piparo, que provocó la muerte de su hijo Isidro. La trágica resolución de este secuestro pondrá a prueba nuevamente la solidez de la gestión del ministro, que apenas lleva unos meses en el cargo, desde que Scioli decidió unificar las carteras de Justicia y Seguridad.
“Es un caso extraño y queda muy abierta la investigación judicial, y no vamos a ser imprudentes al dar una información siguiendo la pista del secuestro extorsivo”, indicó el ministro, que entendió que “podría haber comenzado como tal”, pero insistió con que “éste es un caso no común”.
El ministro indicó que “el gobernador (Daniel Scioli) está consternado” por lo ocurrido y que le
“ha pedido que esté no sólo a disposición de la Justicia Federal, con el jefe de Policía, sino también de la familia”.
Paggi prometió que no quedará impune
El jefe de la Policía bonaerense, Juan Carlos Paggi, también dijo que se trató de un caso “muy atípico”, pues los delincuentes “empezaron pidiendo 500 pesos”, y prometió que “esto no va a quedar impune”.
Según relató, la Policía estuvo a disposición de la Justicia Federal desde que se conoció la noticia del secuestro y mañana el Tribunal emitirá un comunicado para aclarar cómo actuó en el caso.
El ministro de Seguridad, Ricardo Casal, pidió que todos aquellos que hayan visto a Matías o que puedan aportar datos a la investigación, se presenten a la Policía o a la Justicia para colaborar con la resolución del caso.
La oposición dijo lo suyo
Como suele ocurrir cada vez que se produce un hecho de estas características, distintos dirigentes de la oposición lanzaron fuertes críticas contra las políticas de seguridad. Uno de los que ayer aprovechó el crimen de Matías Berardi fue el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez
Larreta, quien a través de su cuenta de Twitter señaló: “La gente tiene miedo, me lo dicen todos los días”.
En ese sentido, remarcó que “el tema de la inseguridad es un fracaso estrepitoso del Gobierno nacional” y añadió que “lo más grave” es que no existen “estadísticas confiables por parte de ellos”, en referencia a la polémica generada en torno al informe difundido en los últimos días.
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