La apelación fue presentada a través de la Fiscalía de Estado contra el dictamen del juez platense y, según fuentes judiciales, se objetó el fallo por “ausencias de pruebas como para incorporar a las nuevas víctimas en el listado de muertes por la inundación”.

El pasado martes 25 de marzo el juez en lo contencioso Administrativo platense elevó a 89 las muertes por el temporal de hace un año y condenó al gobierno provincial a que publique el resultado de su fallo. En tanto, se supo que el juez Arias citó a declarar al intendente de San Isidro, Gustavo Posse, que en declaraciones públicas dijo que “en La Plata murieron 360 personas en la inundación”.

Efecto suspensivo

Tras la apelación presentada por el Gobierno, Arias dio ayer traslado de la apelación a las partes, por un plazo de cinco días, y luego remitir la causa a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo para que resuelva. Por tratarse de una medida con “efecto suspensivo”, el gobierno bonaerense no deberá dar publicidad del fallo de Arias hasta que la nueva instancia judicial resuelva el conflicto de partes.

El número de muertes provocadas por la inundación de hace un año fue comunicado durante los primeros días por el gobierno bonaerense, hasta la víctima 52, cuando el Ejecutivo dio por cerrada la lista. Semanas más tarde, el juez Arias confirmó 5 nuevos decesos, lo que elevó la cifra a 57, pero después el juez de Garantías platense, Guillermo Atencio, anunció otros 3.

Finalmente el fiscal de Delitos Complejos, Jorge Paolini, que lleva adelante una causa penal por “averiguación de causales de muerte”, confirmó 7 víctimas más, incrementando la cifra a 67. Sin embargo, hace dos semanas Arias dictó un fallo en el que da cuenta de 89 muertes, 22 más de la lista oficial, y afirmó que se detectaron otros 16 fallecimientos “dudosos”.

Ayer, en un escrito de 60 carillas, la Fiscalía de Estado sostuvo, entre otras consideraciones críticas al fallo de Arias, que “el juez ha creído que su función era investigar los hechos acaecidos el 2 de abril de 2013 en la región” y que por eso “efectivizó un dispendio de actividad jurisdiccional inédito a partir de la creación de hipótesis generadas por él mismo desconociendo su propio rol de competencia legal y lo que es peor aportando a la sociedad información falsa”.

Cuestionamiento

En otro pasaje del escrito se sostiene que Arias “ha partido de una enunciación sobre las características de la catástrofe para terminar convirtiéndose en un analista de las conductas desplegadas por los actores y protagonistas (todos funcionarios del Poder Judicial o Ejecutivo) desde un atalaya de cuasi auditor. El Juez confunde incertidumbre fáctica con falta de veracidad”. La apelación sostiene que “esta representación fiscal no sale de su asombro; hemos asistido a un proceso dónde un Juez en lo Contencioso Administrativo se ha convertido en un Juez inquisidor (casi un juez penal), con procedimientos propios de la justicia penal tales como allanamientos, diligencias en horarios insólitos e interrogatorios a testigos con preguntas desligadas totalmente del objeto procesal)”.