Jueces, recolectores de basura, médicos y choferes de ómnibus son algunos de los sectores embarcados en una ola de huelgas y manifestaciones de trabajadores que han perdido la paciencia con los recortes del gobierno de centroderecha de Mariano Rajoy, tras cuatro años ininterrumpidos de crisis económica.

Las protestas se convirtieron en un hecho cotidiano en Madrid y otras ciudades, mientras España atraviesa su momento de mayor convulsión social desde la transición democrática, en la década del 70.

"El gobierno encaminó al país hacia su ruina. Se están quedando con todos nuestros beneficios y nuestro poder de compra", dijo Francisco García, personal de maestranza y referente sindical del Hospital General de Alicante, en la costa del Mediterráneo.

El mes pasado, García y sus compañeros trabajadores fueron a la huelga durante 17 días, como protesta tras dos meses de atraso en el pago de los sueldos por parte del gobierno valenciano. La huelga -que terminó en denuncias por condiciones insalubres de trabajo- fue apenas una de las muchas marchas que se produjeron recientemente.

También en enero, en la ciudad sureña de Granada, los recolectores de basura fueron al paro durante dos semanas para protestar por los recortes de sueldos y de horas de trabajo. La huelga fue levantada el domingo pasado, pero sólo recogieron una cuarta parte de la basura acumulada durante estas semanas.

"Es un asco. Hay ratas en las calles y hay zonas por las que no se puede caminar por las pilas de basura", dijo Jorge, de 50 años, empleado de un bar en Granada, cerca del famoso palacio morisco de La Alhambra.

A la indignación popular se suman los hasta 100.000 millones de euros en fondos públicos destinados al rescate de los bancos que fueron quienes otorgaron préstamos indiscriminadamente durante el boom inmobiliario, mientras decenas de miles de españoles han sido desalojados de sus casas tras la ejecución bancaria de esas hipotecas.

"Salvan bancos y cierran hospitales", decía una pancarta de la última marcha semanal de miles de médicos y trabajadores de la salud en la región de Madrid.

CONTRASTE

Las manifestaciones que se generaron en toda España han sido mayormente pacíficas, en contraste con la escalada de violencia política en Grecia, otro lugar candente de la crisis de deuda de la eurozona.

La indignación popular por las decenas de miles de ejecuciones hipotecarias contra los deudores morosos -incluyendo el suicidio de varios propietarios desesperados- obligó al gobierno a imponer una moratoria al desalojo de familias pobres.

Pero más allá de ese gesto mayormente simbólico, no parece que la bronca popular logre apartar a Rajoy de su programa de recorte del gasto público para alcanzar el porcentaje de reducción del déficit acordado con la Unión Europea (UE).

Como el Partido Popular (PP) cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento, Rajoy puede permitirse hacer oídos sordos al clamor de la calle, a pesar de haber sufrido el año pasado dos huelgas generales.

"La estrategia del gobierno es ir hasta el hueso, no hacer concesiones de ningún tipo y aguantar, con la esperanza de que la economía empiece a repuntar hacia fines de 2013 o en 2014", dijo Miguel Murado, analista económico independiente de Madrid.

En el frente fiscal, Rajoy tiene poco margen de maniobra. Aunque los costos que debe pagar España para endeudarse bajaron en los últimos tiempos, liberando al presidente de la urgencia de tener que pedir un rescate financiero internacional, la volatilidad podría volver a los mercados de un momento a otro.

El gobierno debe pagar este año más de 200.000 millones de euros de deuda de mediano y largo plazo, en un marco de recesión y de imparable destrucción de puestos de trabajo.