El diputado Darío Casado (PRO) es autor de un proyecto de ley en ese sentido, y señala que la instalación de GPS "es una medida posible desde el aspecto técnico-económico y absolutamente necesaria para controlar los excesos de velocidad en los vehículos oficiales, ya que es el Estado el primero que debe cumplir con la normativa vigente, para poder luego exigir al resto de la ciudadanía el respeto a la ley".

Dice el legislador en una extensa argumentación de su iniciativa que "los beneficios de colocar GPS en los vehículos oficiales son múltiples", porque permitiría el control de la velocidad reduciendo el riesgo de accidentes. Se trata de conseguir que el conductor aumente su sentido de respeto y responsabilidad con el resto de los usuarios de la carretera", agregó Casado.

Disminuir siniestros.

Después señaló que España es un país "ejemplo que logró disminuir la siniestralidad vial en un 50% en 10 años poniendo énfasis en tres cuestiones fundamentales: control de la velocidad, control de alcoholemia y la implementación de licencia de conducir por puntos.".

Indicó Casado que los beneficios de colocar esos dispositivos daría más seguridad a los pasajeros transportados, permitiría ahorro de combustible y menores gastos de mantenimiento de las unidades".

En el articulado del proyecto dice que "los vehículos automotores y demás equipos no estacionarios, pertenecientes al estado provincial deberán contar obligatoriamente con un dispositivo de rastreo satelital", que permitiría la ubicación actual o histórica del bien en cualquier lugar del automotor en cualquier lugar del país.

Establece también que "el sistema de posicionamiento global instalado debe permitir visualizar en forma permanente la posición de la unidad monitoreada, velocidad desarrollada y excesos de velocidad límite, control de paradas y desvío de los recorridos asignados".

En caso de infracciones.

Se determinaría además, de aprobarse la ley, que debe permitir la visualización de toda la información vía web o software de monitoreo, con acceso restringido por nombre de usuario y clave, a la repartición o

dependencia que contrate el servicio y a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en todos los casos".

Finalmente determina que las infracciones detectadas merecerán el tratamiento y las sanciones establecidas en la legislación vigente aplicable en cada caso.