“La experiencia previa demuestra que se genera riqueza, pero los pueblos no la ven, se contamina y una vez terminado el proceso, los responsables desaparecen”, explicó Mollón, quien remarcó que “no abundan ejemplos donde la minería metalífera o la extracción y explotación de combustibles hayan traído prosperidad a las comunidades sin causarles un perjuicio mayor”.

La concejal del partido LyDER planteó el debate sobre los beneficios de la actividad. “No hay dudas de que la minería, en sus diferentes versiones, genera riqueza, ahora, ¿cuánta de esa riqueza nos beneficia? ¿En qué porcentajes? ¿Quién lo administra? ¿Quién se hace cargo de la contaminación del medio ambiente? ¿Se invierte lo necesario para reducir al mínimo los efectos negativos? ¿Tiene capacidad el estado local de controlar a las empresas multinacionales que explotan nuestros recursos? Son todas preguntas que nos hacemos, por lo tanto queremos blindarnos hasta que no hayan sido respondidas satisfactoriamente”, manifestó.

El proyecto de ordenanza se apoya en disposiciones de la Constitución Nacional y Provincial, la Carta Orgánica Municipal, y las leyes vigentes, y tiene por objeto “la protección de un ambiente sano como derecho humano fundamental”.

La iniciativa tomó estado parlamentario durante la última sesión ordinaria y fue girada a las comisiones para su análisis antes de bajar al recinto.

“Se trata de ser responsables y no cómplices, al menos en el territorio que nos toca controlar”, finalizó la edil.