Los ediles especificaron a través de un comunicado que la apelación a las dos cautelares de la jueza en los Contencioso Administrativo Nº 1 de Capital, se hará por "falta de imparcialidad y animosidad manifiesta". Y la apelación tendrá el acompañamiento de los ocho concejales que votaron a favor de la modificación de la ordenanza tarifaria.

Los funcionarios se manifestaron molestos con el accionar de la jueza al que catalogaron como un "grave ataque institucional al órgano democrático al que representan".

Sobre la postura de los concejales, el asesor legal de la Municipalidad, Mario Cocomarola, dijo que para el Ejecutivo de la ciudad es "importante transmitir a la opinión pública la gravedad de esta medida teniendo en cuenta el serio avasallamiento y el cercenamiento de los derechos y atribuciones que representan las mismas hacia un órgano constitucional y democrático como es el Honorable Concejo Deliberante".

El concejal Agustín Payes agregó a esto, que promoverán la acción, ya que no se tuvieron en cuenta para el fallo, siquiera la versión taquigráfica de la sesión del Concejo Deliberante en la cual se aprobó la polémica norma.

"UN ACTO GROSERO"

Con respecto a las resoluciones decretadas, según manifestó Cocomarola: "Las mismas fueron otorgadas sin prueba alguna, con simples notas periodísticas en copia simple con toda la carencia que esto significa las mismas tienen escaso valor probatorio, sobre todo cuando es aportado por una de las partes en copia simple sin firma alguna y obviamente reflejando la opinión de un sector político", dijo

Fue por esto, que el Asesor Legal de la Municipalidad catalogó de grosera al acto de la Jueza. "La doctora Romero Feris da por válidos esos relatos y establece que votaron siete concejales en vez de ocho. Cuando en la sesión del 14 de abril votaron 15 concejales: siete en forma afirmativa y siete en forma negativa. Como era un empate, votó la presidenta, Mirian Coronel, tal cual lo prevé la Carta Orgánica y el reglamento del Concejo Deliberante", explicó.

"Entonces nos parece grave que la jueza Romero Feris tome por válido un relato de parte y no se de, por lo menos, intervención al Concejo Deliberante para conocer lo que sucedió en la sesión del 14 de abril", continuó.

El Asesor Legal del Municipio resaltó el hecho de que las dos ordenanzas, si bien se han publicado, aún no entraron en vigencia, lo harán el 1 de junio. "Entonces, la pregunta que surge es ¿Cuál es el peligro de la demora? ¿Y cuál es el daño o el perjuicio efectivo e inminente que tendrán las empresas respecto de la aplicación de estas ordenanzas, cuando la primera declaración jurada respecto de los meses de julio y agosto debe presentarse en septiembre y deben ser abonados recién al finalizar el ejercicio fiscal?".

"Aquí es donde se demuestra la clara intencionalidad de las medidas otorgadas por Romero Feris, dado que no se entiende la necesidad de otorgar en sólo cinco días una cautelar cuando no hay perjuicio alguno, cuando pudo haberse tomado el tiempo necesario de solicitar los expedientes y la versión taquigráfica. Es por eso que consideramos algo extremadamente grave lo que ha dispuesto la juez Romero Feris", sentenció Cocomarola.