La saga de la Promoción Industrial había llegado a su fin. El régimen impositivo que puso por más de 30 años a Mendoza en desventaja respecto de otras provincias, había caído cuando el 31 de diciembre de 2012 el Poder Ejecutivo nacional decidió no dejar firme el decreto que prorrogaba por 15 años más el sistema en las provincias vecinas.

Sin embargo, hay más capítulos por contar. Es que después de que la empresa AVH, radicada en San Luis, presentara una cautelar en la Justicia Federal y que otras empresas riojanas se sumaran a la movida de esta compañía, el gobernador Francisco Pérez instruyó a la Secretaría Legal y Técnica, a la Asesoría de Gobierno y a la Fiscalía de Estado para que hoy pidan a los tribunales competentes el resolutivo de la cautelar y que empiecen a delinear estrategias legales para “atacar” la medida presentada por las empresas y aceptadas por la Justicia.

“Hemos tomado conocimiento de que una empresa de San Luis presentó ante el Juzgado Federal de San Luis una acción cautelar. Hoy nos toca el feriado nacional (por ayer), pero he dado instrucciones tanto a la Secretaría Legal y Técnica, a Asesoría de Gobierno y a Fiscalía de Estado para que mañana (por hoy) nos hagamos del resolutivo de esa medida cautelar y del fondo de un pedido de inconstitucionalidad”, explicó el gobernador durante el aniversario número 142 del departamento de Las Heras.

Ante la presentación, la Justicia respondió favorablemente a una acción de amparo presentada por empresarios basándose en el artículo 43 de la Constitución nacional y la ley 16.986, argumentando la inconstitucionalidad de “las omisiones ilegítimas del Poder Ejecutivo Nacional y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), al no firmar los convenios de regulación que fijaba el decreto 699/2010” y, por lo tanto, extender la aplicación de la prórroga de la Promoción Industrial aprobada con carácter legislativo para las provincias de San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja. Así, la Promoción continuará prorrogada hasta tanto haya otra manifestación judicial sea de la Nación o de Mendoza.

De esta manera, empresarios de las provincias vecinas y sindicatos riojanos acudieron a Tribunales Federales exigiendo a la AFIP pagar automáticamente los bonos de crédito fiscal a las empresas que tenían los beneficios de no pagar IVA y Ganancias y a la Nación, la firma de los convenios respectivos para aplicar el decreto 699/2010.

El gobernador mendocino agregó al respecto: “No conocemos la letra y sería intención de empresas riojanas, según trascendidos periodísticos, accionar contra la AFIP y el Gobierno nacional. Lo vamos a seguir de cerca porque si algo queda claro es que estos 30 años de promoción industrial no ha servido como modelo sustentable. Hay que ponernos por encima, a trabajar todas las provincias regionalmente. Nadie se salva solo, ni una empresa de San Luis ni de La Rioja. Hay que trabajar con planes estratégicos”.

Más tarde, el secretario Legal y Técnico, Francisco García, detalló los pasos a seguir: “Todo lo que conocemos es por los medios. Aparentemente es una medida provisoria. Antes de iniciar cualquier acción, hemos solicitado el resolutivo en San Luis. Queremos ver de qué estamos hablando y cuál es el medio idóneo para accionar”, y agregó: “Las medidas a seguir para atacar la cautelar pueden ser varias: un recurso, una presentación espontánea o una presentación en los tribunales federales. Pero, insisto, hay que ver bien cuál es el tema de fondo. Eso nos ha instruido el gobernador”.

Si bien la empresa instalada en San Luis, AVH, fue pionera en presentarse ante la Justicia con esta estrategia de reclamo a la AFIP y al Ejecutivo, el documento presentado por la Asociación Obrera Textil (AOT), Asociación de Supervisores Metalmecánicos, el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria (Setia), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Unión Obreros y Empleados Plásticos (UOyEP), la Federación Obrera de la Industria del Vestido (Foniva) y la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) entiende, según publicó ayer diario Los Andes que: “La medida cautelar que se promueve procura asegurar la subsistencia de las empresas radicadas en La Rioja, el nivel de empleo y producción vigente”.

En una puja entre provincias y sin un acuerdo marco para trabajar en otras alternativas a la Promoción, se han registrado despidos en las provincias que quedaron sin este beneficio. Así refleja el Diario de Cuyo al contar que “el final de la Promoción Industrial en La Rioja, que pone en riesgo un total de 8.000 empleos en la provincia, ya provocó los primeros siete despidos y genera alta incertidumbre en el rubro textil”. Por otro lado, provincias como Catamarca y San Juan buscan salidas alternativas. Así, en la primera, ya se habla de subsidiar el flete a determinadas empresas, mientras que en las tierras de José Luis Gioja busca mecanismos compensatorios provinciales para las empresas sanjuaninas.

Desde el Ejecutivo provincial ya comenzaron a trabajar y calculan que entre hoy y el lunes “estarán las condiciones para formular alguna estrategia legal”.