La Justicia Federal de La Rioja se declaró competente en la causa iniciada por varios sindicatos del parque industrial que presentaron un recurso de amparo para que la Nación ponga en vigencia el decreto 699 del año 2010, por el cual se extendió parcialmente el régimen promocional para las fábricas radicadas, pero no hizo lugar a la medida cautelar para que la Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP- continúe acreditando los bonos de crédito fiscal en las cuentas de las empresas.

Según precisaron fuentes judiciales y sindicales, el juzgado pedirá -antes de resolver- un informe sobre la situación al organismo recaudador. Es que, para que la AFIP pueda cumplir con ese cometido, la Nación y las provincias deben firmar un convenio adicional al decreto firmado en mayo de 2010 por la presidente Cristina Kirchner.

El abogado de los gremios presentantes, Enrique Leiva, dijo al diario Nueva Rioja que “si el Juez se expidiera como ya lo hicieron con la firma AVH de San Luis, ordenando la instrumentación del Decreto 699, dado que fue dictado en el marco de la emergencia laboral, tampoco podría aplicarse éste porque el Decreto adicional en cuestión nunca fue firmado”.

No obstante, Leiva es optimista pese al fallo transcripto en la notificación porque “si hubiera sido favorable la AFIP podría haber apelado y todo se tornaría más confuso”. Y calculó que ahora habrá que esperar unos tres meses para tener una resolución judicial al planteo hecho por los sindicatos.

Leiva habló de “una necesaria participación de los políticos locales”, y fue claro en sus conceptos ya que “en Catamarca ante la caída de la Promoción, el Gobierno decidió subsidiar el transporte del producto terminado y con ello dio un respiro ante la pérdida de los beneficios. En cambio, en La Rioja, todos sabían que la Promoción Industrial se caía en 1995 y no hemos hecho mucho por dar una solución”, remató.