En el sistema de derechos humanos que rige en América, encabezado por la Corte Interamericana, son los particulares, en defensa de sus derechos y libertades, los que pueden demandar al Estado.

Ninguna norma admite que sea el Poder Ejecutivo, representante del Estado, el que para lograr el cumplimiento de sus políticas internas demande al propio Estado o a la Justicia.

Los aspectos más sustanciales del discurso presidencial no surgen de una lectura jurídica, sino política, y se pueden focalizar en tres momentos. La primera mandataria traza una identificación explícita entre justicia, memoria y verdad. Por eso insta al Poder Judicial a que se esclarezcan de una buena vez los casos de violaciones de los derechos humanos. Pero esa asociación tiene un límite: la justicia de cualquier caso concreto no puede lograrse por cualquier camino, violando pruebas, garantías y derechos tan elementales como la de defensa en juicio.

En 2003, el gobierno de Néstor Kirchner y la Corte Suprema abrieron las puertas para que se investigaran gravísimas violaciones de los derechos humanos cometidas durante los años setenta. Se propusieron recuperar la memoria.

Pero la memoria y la justicia no pueden hacerse a cualquier precio. Por eso, desde entonces, la Corte y la Procuración General organizaron complejos sistemas para ordenar esos procesos, jueces dispersos por todo el país tuvieron que citar y escuchar a miles de testigos, fueron procesadas más de seiscientas personas, se realizaron decenas de juicios orales y fueron condenados más de noventa represores.

Frente a un panorama tan complejo, ¿puede considerarse justo que el entonces presidente Néstor Kirchner o la actual mandataria presionen a los jueces para obtener resultados más inmediatos?

Quizá la Presidenta haya intentado enviar un velado mensaje a todos los jueces, tanto los que resuelven causas de derechos humanos como los que intervienen en conflictos entre el Estado y otros sectores (ley de medios, reservas, etcétera): sólo son justos los fallos que encajan exactamente, en tiempo y expectativas, con los deseos de la Casa Rosada.

En la alusión que ayer hizo la Presidenta a los hijos de Ernestina Herrera de Noble, la titular de Clarín , la Presidenta también hizo una síntesis de los hechos que puede llevar a algún engaño.

Los estudios genéticos vinculados con la identidad de los jóvenes están en plena etapa de prueba. Si durante seis años las familias que querellan a la directora de Clarín dilataron la ejecución de los exámenes que ellas mismas demandaban, ahora Ernestina Herrera de Noble pide que esas pruebas se hagan con todas las garantías. Pero, incluso cuando se encuentre la verdadera identidad de esos jóvenes que aquélla adoptó en la Justicia, nada prueba que ella haya sido su apropiadora.

A lo largo de todo su discurso, la Presidenta halla enemigos, alude a un grupo periodístico como mafioso y hace explícita su desconfianza con empresarios, políticos y jueces. En su mensaje, ella se coloca en la vereda de enfrente, como si la Justicia no fuese parte del mismo Estado que dirige. Y, al hacerlo, asume, sin decirlo, que es ella la única capaz de hacer justicia. Así, disocia al Estado entre un "nosotros", el Poder Ejecutivo y sus aliados, y los "otros", los enemigos.

Pero en las democracias y en las dictaduras, la justicia y la verdad no justifican violar las garantías y los procedimientos.