Los trabajos que se realizarán son los de mejoras en viviendas, cuatro en total. Esta semana los vecinos podrían realizar una protesta en las puertas del IPAV para reclamar soluciones.
La intervención del Promeba en Villa Germinal constaba de dos partes: una correspondiente al programa propiamente dicho, que es la obra de infraestructura pública y equipamiento comunitario (obras que benefician a todo el barrio y que se financian con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo -BID-), y otra, denominada Mejoramiento de Viviendas (obras que destinadas a mejorar la vivienda particular de los vecinos beneficiarios, que se hacen dentro de las viviendas de los mismos y que no se financian a través del BID).
Viviendas.
Estas últimas obras, cuatro en total, no están finalizadas, puesto que se rescindieron los contratos con las empresas que en su momento las ejecutaban, debido a incumplimientos por parte de las mismas. Los trabajos se van a terminar a la brevedad, según tienen previsto en el IPAV.
Las irregularidades cometidas por las empresas, debidamente denunciadas por los vecinos a través de la Comisión Vecinal del barrio, generaron un verdadero trastorno. Luego de finalizados los trámites administrativos de las rescisiones a Ulima y Tito Construcciones, la Provincia tuvo que iniciar nuevos expedientes, con toda la documentación de cada uno de los beneficiarios, para lo cual se debió hacer un nuevo relevamiento de esas viviendas.
Actualmente, se están finalizando los trámites para poder licitar nuevamente la obra. La publicación del llamado a licitación para la continuidad de las obras rescindidas se realizará aproximadamente en la segunda quincena de abril, según informaron fuentes que conocen el trámite.
Fuero federal.
En su edición del viernes, LA ARENA informó que las denuncias por irregularidades en el Promeba de Villa Germinal estaban siendo investigadas por el Juzgado Federal de Santa Rosa, a cargo del juez Pedro Vicente Zabala. La causa llevaba meses en el fuero provincial, pero fue girada al ámbito federal, puesto que el programa de obras pertenece al Estado nacional, concretamente al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación.
El programa tenía como coordinador ejecutivo al actual secretario de Hacienda comunal, Miguel de Elorriaga. Las denuncias apuntaron a las deficiencias relacionadas con construcciones en las viviendas, pero también a las obras externas, como veredas, alumbrado y cordón cuneta.
Los habitantes del barrio afectado se reunirán esta semana para analizar la situación y la posibilidad de llevar su reclamo a las puertas del IPAV. "Necesitamos que apresuren las soluciones", había dicho Guiñazú.
"Se afanaron todo, las ventanas nuevas que la gente estaba esperando, los materiales nuevos. Pero los vecinos seguimos luchando y ni siquiera las amenazas que puedan hacernos van a poder pararnos", agregó el vecino refiriéndose al momento en el que él recibió una advertencia anónima para que dejara de realizar las denuncias.
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