Ayer, el Gobierno de la Nación sorprendió cuando publicó en el Boletín Oficial el decreto 333/2017 que decidía prorrogar por cinco años la norma que prohíbe la importación de ropa usada. Desde el 30 de junio de 2015 no había regulación al respecto, cuando venció la última extensión de la medida que entró originalmente en vigencia en 1991.

El decreto dictaminó – nuevamente - que no podrán ingresar al país prendas de vestir, accesorios y partes de ropa destinada a su comercialización en el mercado interno. La prohibición, sin embargo, comprende la excepción para las donaciones de ropa usada recibidas por entidades públicas y privadas sin fines de lucro. Para acceder a este beneficio, estas instituciones deberán ingresar en un registro especial, que se creará especialmente en el marco del Ministerio de Producción. Allí, deberán solicitar el permiso correspondiente e informar el destino de cada donación recibida.

La noticia de la publicación del decreto que lleva la firma de la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Producción, Francisco Cabrera, sorprendió a los feriantes salteños que cuentan con un marco de formalidad entregado por el Estado que sancionó una ley regulatoria.

A fines de 2001, la Provincia y la Municipalidad acordaron con feriantes la ley 7.700 y “formalizaron” lo que el Gobierno de la Nación prohibió ayer: ropa usada para fines lucrativos. Por lo que, sumada a la intrínseca “tolerancia” de ilegalidades vigente en Salta, no hay motivo de preocupación para las miles de familias que viven de las ferias americanas.