"Hay ciertas preguntas que hay que trasladárselas al poder político, porque de la realidad andalgalense, si hay alguno de los poderes del Estado que no tiene culpa alguna de los sucesos que han acaecido en Andalgalá es el Poder Judicial", dijo el procurador general de la Corte, Enrique Lilljedahl, al ser consultado por Radio Ancasti, acerca de la judicialización del conflicto minero andalgalense.

Para Lilljedahl, la Justicia está interviniendo en problemas que deberían haber sido resueltos políticamente, como el conflicto de poderes por el referéndum minero en Andalgalá, del que el miércoles se supo que quedó en suspenso hasta tanto el máximo tribunal resuelva la cuestión de fondo: la legalidad de la convocatoria de parte del Concejo Deliberante y a nivel municipal.

"A eso no lo digo yo, lo ha dicho en más de una oportunidad el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al recriminar al Congreso de la Nación por no saber resolver cuestiones y mandar al Poder Judicial para que éste se convierta en árbitro de decisiones políticas. No son palabras de Lilljedhal, sino de Ricardo Lorenzetti, que yo hago mías, porque me parecen acertadas y equilibradas. Cada cual debe actuar en su fuero", dijo, contundente, el titular del Ministerio Público Fiscal de la Provincia.

El funcionario remarcó que, en su dictamen respecto de la competencia de la Corte para entender en el conflicto por el referéndum en Andalgalá, ya hizo "algunas consideraciones no jurídicas" en el mismo sentido de sus declaraciones, es decir, cuestionando la judicialización de conflictos de corte netamente político.

En ese sentido, consideró que la problemática minera, que pretenden resolver mediante un referéndum o consulta popular "es una cuestión de neto corte político". "Se está hablando de minería sí o minería no. ¿En eso qué tiene que ver el Poder Judicial?", enfatizó.

Apoyo a la fiscal

Lilljedahl, jefe de todos los fiscales de la provincia, expresó su solidaridad y defendió el accionar de la fiscal de Andalgalá, Marta Graciela Nieva, severamente cuestionada por algunos sectores por su accionar durante el estallido del 15 de febrero.

De hecho, fue ella quien dio la orden de desalojar el camino comunero que conduce a Agua Rica y que estaba bloqueado por los asambleístas, lo que terminó en severos desmanes e incidentes.

También recordó que la labor de la Justicia sobreviene cuando ya ocurrieron ciertos hechos y que no están para prevenir, tarea que deben afrontar otros poderes del Estado.

"El Poder Judicial actúa cuando hay delito, se pudo no haber llegado a esta situación, a la que se llegó finalmente, pero las cosas hay que prevenirlas y nosotros no estamos para prevenir, sino para actuar sobre hechos consumados", defendió respecto de la actuación de la Justicia.