La Justicia de Ushuaia dictó ayer el procesamiento sin prisión preventiva de treinta y cuatro de los manifestantes que el pasado 23 de mayo atacaron a efectivos policiales que custodiaba la Casa de Gobierno de la Provincia y finalmente tomaron el control del edificio por el término de una semana, en medio de una protesta por reclamos salariales.

La resolución dictada por el juez de instrucción Javier De Gamas Soler considera “prima facie” responsables de delitos como lesiones graves y leves, resistencia y atentado contra la autoridad, a diecisiete integrantes del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) y a diecisiete miembros del Sindicato de Camioneros de Tierra del Fuego, que acompañó aquella manifestación.

Entre los procesados se encuentran al menos tres autoridades sindicales, como el secretario general del SUTEF, Raúl Amado Arce, y el secretario gremial de esa organización, Horacio Gustavo Catena, además del secretario de camioneros Daniel Esteban Capdevila.

El fallo de sesenta y dos páginas, al que tuvo acceso EDFM, también determina embargos preventivos sobre los bienes de los imputados, que van desde los nueve mil trescientos a los treinta y cuatro mil trescientos pesos.

Por su parte, el juez también dictó la falta de mérito de dos personas que habían sido indagadas en la causa, y que continúan ligadas a la investigación, y sobreseyó a uno de los acusados que será desvinculado del caso si el pronunciamiento queda firme.

La medida judicial fue notificada ayer tanto a la Fiscalía como a las defensas de los acusados y a los abogados querellantes, quienes ahora tendrán la posibilidad de recurrirla ante la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones.

Los casos más graves

La causa por los incidentes de Casa de Gobierno (número 29.069/13) comenzó a raíz de una denuncia presentada por el ministro de Gobierno, Gustavo Zanone, e incluye desde la agresión a los uniformados que custodiaban el edificio, hasta el robo, daño o destrucción de bienes que se encontraban en las oficinas gubernamentales, durante el tiempo en que se extendió la toma del lugar.

Pero estas primera decisión del juez está centrada en los hechos generados entre las 12 y las 13 del 23 de mayo, cuando una manifestación de docentes y camioneros violentó los accesos de la sede del Gobierno y atacó con golpes, patadas y mediante objetos contundentes, a los policías que ejercían la custodia del edificio.

Como consecuencia de la refriega hubo diecinueve policías heridos: Marino Brazanovich, Ramón Cejas, Ricardo Romero, Hugo Anibal, Cristian Seniquel, Jonathan Dutrá, Luis Pibernus, Elbis Sidorkevich, Leandro Pérez Soriano, Diego Olmedo, Pablo Aquino, Ana Rodas, Jimena Miranda, Rodolfo Aguirre, Melina Perea, Marilin Tolaba, Mariana Sánchez, Héctor Escalada y un sargento de la Comisaría Tercera de Ushuaia.

Sin embargo, los más graves fueron Dutrá y Pérez Soriano. El primero sufrió un “edema pre auricular derecha, limitación de apertura bucal, contusión de codo y hombro derecho y contusión con excoriaciones en cara anterior del muslo izquierdo”. El segundo sufrió “traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento con posterior cefalea holocreaneana intensa”.

Por eso es que los presuntos responsables de haber atacado a estos dos policías recibieron los reproches penales más graves por parte de la Justicia.

Por ejemplo al docente Héctor Horacio Muñoz se le imputó haber agredido al sargento Alfonzo “tomándolo de la cabeza y del brazo, golpeándolo y empujándolo”, haber agredido a otro policía que se acercó para ayudar a Alfonzo, haber arrojado una escalera metálica contra varios efectivos policiales y haber “sujetado y empujado al agente Dutrá, hasta derribarlo, impidiéndole que se incorpore para facilitar la golpiza que, al mismo tiempo, le propinaban otros manifestantes. Segundos después, Muñoz le aplicó al mismo agente una patada en la parte inferior de la cabeza”, puede leerse en la resolución judicial.

Por esta agresión, Muñoz fue acusado de “lesiones graves”, en “concurso real con lesiones leves”, y en “concurso ideal con resistencia a la autoridad”.

Y por este mismo hecho también fueron procesados Catena, el docente Alejandro Daniel Gómez, el camionero Víctor Hugo Zuñiga Pérez, el docente Gastón Héctor Luis Benitez, el camionero Ramón Martín Giménez y el docente Juan Beltrán Ferreyra.

En tanto, por el ataque a Pérez Soriano la Justicia procesó al camionero Leonardo Alexis Ríos, también como presunto responsable de lesiones graves y resistencia a la autoridad.

Según el juez, Ríos “lanzó una tabla de proporciones considerables como si fuera una jabalina, directamente a la cabeza de Pérez Soriano”.

“No me importa si es mujer”

Entre las múltiples acusaciones que el magistrado dio como demostradas en esta instancia del proceso, una de más graves es la que recayó sobre el dirigente Catena.

De acuerdo a la resolución judicial, el secretario del sindicato docente le arrojó un trozo de madera al subcomisario Mariano Bronzovich, le pegó patadas a otro uniformado, empujó un armario para violentar el ingreso a la Casa de Gobierno, golpeó junto a otros manifestantes a varios funcionarios policiales y “amedrentó intimidó y amenazó con ejercer mayor violencia”, al grito de “se prende todo fuego y a la concha de su madre, cinco minutos, ni más ni menos”.

Pero a Catena también se le imputó haber agredido a la mujer policía Irene Marin Levin, de mucha menor contextura física que él, ya en el interior de la Casa de Gobierno.

De acuerdo a testimonios y filmaciones, primero habría dicho en el sector cercano a la escalera que conduce al piso superior: “Reventamos todo, no me importa nada. Vamos a cagar a palo a la policía, no me importa si es mujer”. Y después “empujó fuertemente con ambas manos y todo el peso de su cuerpo a Levin, a la altura de su pecho, provocándole un fuerte dolor”.

“No se criminaliza la protesta”

Al valorar la prueba de la causa (en gran parte conformada por videos que efectuó la Policía, medios periodísticos y particulares que se encontraban en el lugar) el juez De Gamas Soler afirmó en el fallo que “el 23 de mayo de 2013 se suscitaron situaciones de muy extrema violencia y de una gravedad institucional sin precedentes en la provincia”. Y sostuvo que “en ese contexto, se aprovechó la ocasión de la protesta para cometer delitos, por lo que en esta sede no se ha criminalizado una protesta social, sino conductas respecto de las que existe convicción suficiente para considerarlas típicas, antijurídicas y reprochables a sus respectivos autores, aún cuando han sido cometidas en el marco de una protesta social”.

Por otra parte, el magistrado ponderó la “atinada actuación” de los policías que “soportaron una violenta arremetida por parte de los manifestantes, sin desplegar ninguna acción represiva en contra de aquellos. Se observa en las diversas imágenes recopiladas la pasividad del personal policial, aún en aquellos momentos de mayor crispación en donde fueron agredidos con suma violencia”, valoró el juez. Y agregó que “esa decisión funcional de impedir el ingreso de los manifestantes, pero sin hacer uso de la fuerza pública, se contrapone con la ferocidad de algunos que se valieron de la parsimonia policial para arremeter contra ellos en forma desmesurada, al punto de que gran parte del personal sufrió lesiones de diversa consideración”.