SALTA.- En un reciente fallo, el juez de Instrucción en Transición Cuatro, Federico Diez, procesó el 5 de junio pasado a los ex ministros de Producción y de Gobierno del ex gobernador, Juan Carlos Romero, por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, fraude a la administración pública y abuso de autoridad.

El procesamiento se dictó en el marco de la causa penal abierta por irregularidades en la cesión y explotación de las tierras de Salta Forestal, operación de la que se valió Romero para favorecer a las empresas Ecodesarrollo Salta S.A. y Agropecuaria Cervera S.A.

En la misma resolución, el magistrado resolvió procesar por los mismos delitos a Flavio Aguilera, ex secretario de Producción; Guillermo Jorge Díaz, asesor de Medio Ambiente y Patricia Sassarini, quien ocupaba la función de liquidadora de Salta Forestal S.A. para el gobierno provincial.

Diez también procesó a Alfredo Paulino Olmedo por el delito de fraude a la administración pública, en tanto, dictó el sobreseimiento de Néstor Virgilio Cervera, titular de una de las empresas beneficiadas, y Wilfredo Bernal, ex gerente de Producción Vegetal del Ministerio de Producción.

La causa penal se abrió a instancia de una promoción penal interpuesta por el ex agente fiscal penal 1, Eduardo Barrionuevo, quien lo hizo a partir de la decisión del gobernador, Juan Manuel Urtubey, de revocar la concesión hecha a Ecodesarrollo S.A. y Agropecuaria Cervera S.A. por considerar lesivos a los intereses del Estado el contrato con ambas empresas.

La revocación del contrato tuvo tratamiento legislativo y se cristalizó a través del decreto 2.478/11, el cual fue publicado el 7 de junio de 2011. En dicho documento, también se dispuso que las actuaciones sean giradas a la Fiscalía de Estado a fin de proceder con las acciones judiciales que correspondan.

En vista de ello, el fiscal Barrionuevo llevó adelante la promoción penal del caso, a través de la cual responsabilizó a Camacho, Brizuela y el resto de los acusados. En concreto el representante del Ministerio Público reclamó la no aplicación de la Ley 7070, de protección ambiental, hecho que liberó el desmonte de 40 mil hectáreas de manera irregular. Asimismo, cuestionó la falta de control sobre las empresas beneficiadas.

En su promoción, recordó que el objeto del contrato comprendía los siguientes conceptos: "propender al desarrollo conservacionista y sustentable de la zona”, "programa la sistematización del campo teniendo en cuenta los aspectos sociales”, "programar soluciones para la distintas situaciones de los ocupantes tanto en los asentamientos poblacionales como de los puesteros”, "creación de fuentes de trabajo, salud, educación, administrativo, de biodiversidad”, "preservación de distintos organismos que habitan el predio”. Todo con el fin de lograr un aprovechamiento sustentable y que tienda a mejorar la calidad de vida de sus habitantes de una zona de más de 200 mil hectáreas.

En su fallo, en tanto, el juez Diez llegó a la conclusión de que efectivamente hubo responsabilidad penal de los procesados en el control establecido en el contrato de la Provincia con las empresas que fueron favorecidas.