De todas maneras, la solución que puede dar la Corte no es más que un parche: el colapso del fuero seguirá agravándose mientras no exista una ley general que brinde soluciones a muchos de los reclamos que hacen los jubilados -el mes pasado, la presidenta Cristina Kirchner vetó una ley que había sancionado el Congreso- y mientras la Anses continúe resistiéndose a pagar las sentencias de actualización que todos los días dictan los jueces.

Es decir, la solución no puede darla la Corte, sino que deberían darla el Congreso y el Poder Ejecutivo.

El jueves pasado, a raíz de un informe del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que indicó que ese edificio no soporta más peso y de un pedido de la Cámara de la Seguridad Social, el máximo tribunal, que preside Ricardo Lorenzetti, declaró "inhábiles" las tres semanas que van del 28 de octubre al 19 de noviembre en siete juzgados previsionales.

En el acuerdo de ministros de hoy, la Corte analizará un pedido que hizo la Cámara del fuero, que preside Lila Maffei de Borghi, para que el alto tribunal aclare si esa decisión también implica que esos juzgados no deben recibir escritos mientras los empleados realizan el trabajo material de clasificar los 40.000 expedientes que tiene en trámite cada tribunal y los trasladan a siete oficinas que ayer les asignó el Consejo de la Magistratura.

De todas maneras, la solución que puede dar la Justicia al tema previsional es limitada:

* La Corte dictó dos sentencias (los casos Sánchez y Badaro) que reconocieron actualizaciones por los períodos 1991-1995 y 2002-2006, pero como no hay una ley general que haya recogido esas decisiones, cada jubilado tiene que iniciar su propio juicio para obtener una sentencia favorable en su caso particular.

* Los jueces condenan al Estado a pagar esas actualizaciones, pero como la Anses no paga las sentencias, cada jubilado tiene que iniciar un nuevo expediente para pedir la ejecución de la sentencia.

* A diferencia de lo que ocurrió con los casos del corralito, donde las personas que vieron retenidos sus ahorros en el sistema bancario promovieron un número exorbitante pero limitado de demandas -unos 300.000 amparos-, el universo de juicios previsionales es ilimitado.

En efecto, cada mes que pasa, el Estado acumula más deuda con cada jubilado que inició una demanda, y también se jubilan más personas que, insatisfechas, plantean nuevos reclamos.

Mientras los partidos no lleguen a un acuerdo para aprobar una ley que resuelva el reclamo de mejoras jubilatorias y los retroactivos, y mientras la Anses acumule deuda impaga, habrá nuevos colapsos.