La jueza del Quinto Juzgado de Instrucción Penal, María Inés Rosselot comenzó ayer con las dos primeras indagatorias a los 10 detenidos por la causa de las expropiaciones consideradas fraudulentas por Fiscalía de Estado.

En primer lugar con la presencia del fiscal Carlos Rodríguez, se indagó al exfiscal de Estado, Mario Díaz, quien llegó a Tribunales acompañado por su esposa y abogada defensora, Myriam Bettio.

Tras casi una hora y media de audiencia en la que la jueza le dio a conocer la imputación que pesa sobre su persona, Díaz se abstuvo de declarar y por su estado de salud, continúa detenido en su domicilio.

La jueza tendrá ahora un período acotado para determinar sobre su situación procesal, aunque se da por descontado que el ex fiscal seguirá procesado.

Sobre Díaz, pesan las acusaciones de fraude al estado en grado de estafa en ocho casos, tentativa de fraude al estado en cuatro casos, incumplimiento de deberes de funcionario público e integrante de una asociación ilícita, imputación esta que agrava las penas de los delitos señalados.

“No voy a hacer comentarios, disculpenmé, voy a hablar con la jueza directamente. Tengo que conocer las acusaciones, a partir de ahí vemos que declaramos”, dijo Díaz a la prensa, antes de reunirse con la magistrada.

Luego, tras finalizar la indagatoria el ex fiscal solo se limitó a decir “no se de qué me acusan”.

Díaz se mostró sonriente en todo momento y aseguró que a pesar de los días que lleva detenido “estoy de muy buen ánimo” para enfrentar las acusaciones.

Su abogada, la ex magistrada Myriam Bettio, no emitió palabra pero se conoció que presentará un pedido de excarcelación para su compañero en las próximas horas, además de otros incidentes en los distintos casos que se le enrostran.

Cravero

Luego fue el turno del exmiembro temporario del Tribunal de Tasaciones, Adolfo Cravero, quien, también fue trasladado al despacho de la titular del Quinto Juzgado de Instrucción.

Al igual que Díaz, no declaró y después de conocer la imputación indagatoria que pesa sobre él, quedó con detención domiciliaria .

Con la presencia del fiscal Carlos Rodríguez, Díaz y Cravero conocieron los delitos de los que se los acusa, que son los mismos que a todos los detenidos.

Los delitos que la fiscalía les imputa a los involucrados en el caso, son la participación en el delito fraude en perjuicio de la administración pública en función del delito de estafa, tentativa de fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos e integrante del delito de asociación ilícita, todos bajo las reglas del concurso real.

Según contó el abogado de Cravero, el doctor Manuel Giménez Puchol, “como se trata de la primera intervención que mi cliente toma en la investigación, ha hecho el uso de la posibilidad que tiene de abstenerse de declarar hasta tanto tengamos la posibilidad de tener un conocimiento acabado y profundo de las pruebas que existen para imputarlo y de la situación en la que se encuentra”.

Contó que la declaración “fue muy breve en función del espacio de tiempo que tenía el juzgado” y que “hemos pedido copia del expediente para saber cuál es la situación y evaluar los pasos a seguir”, porque el expediente principal tiene más de 2.000 fojas y hay otros expedientes administrativos que tenemos que leer y analizar”.

Reconoció que Cravero “continuará detenido en su casa, porque la jueza accedió a un pedido que hicimos en función de que está bajo tratamiento cardiológico” y que “e esa situación seguirá hasta que se resuelva la situación procesal y la jueza le otorgue la excarcelación, que es lo que corresponde”.

El abogado Giménez Puchol aseguró que “esto es así, porque la participación de Cravero fue muy light, porque era miembro temporario designado por la Asociación de Arquitectos en el último periodo de los casos que se investigan entre 2010 y 2011” y que “como no era plata permanente del Tribunal, su intervención ha sido muy suave respecto de algunas tasaciones”.

Fernando Echegaray: “Alday no está prófugo”

El abogado Horacio Alday, que fue socio de Graffigna en la mayoría de los casos de expropiaciones, pero que en un momento dado disolvió la sociedad, no está aún detenido y por esto, tanto la jueza María Inés Rosellot, como el abogado defensor, Fernando Echegaray, coincidieron en señalar que “aún no está considerado como prófugo”.

La propia jueza declaró ayer en Tribunales que “legalmente, Alday no es considerado como prófugo, porque para eso, hay que hacer una resolución declarándolo rebelde, pero eso todavía no se hizo”.

Por su parte el abogado Echegaray aseguró que “Alday está presente en el juicio desde el 23 de octubre de 2012, cuando pedimos la eximición de prisión que hasta ahora no fue resuelta por la jueza” y que “Alday se va a presentar a declarar, pero quiere hacerlo en libertad, como corresponde a este tipo de imputaciones”.

Casi con ironía, Echegaray dijo que “lo fueron a buscar al domicilio equivocado, a pesar de que en octubre informamos que vive en la calle Toranzo 282 y lo fueron a buscar al domicilio de Toranzo 440”.

El abogado del sospechoso de ser socio de Santiago Graffigna y de participar de una red destinada a obtener dividendos del estado de manera fraudulenta, presentó ayer “un pronto despacho para que la jueza resuelva el pedido de eximición de prisión y sobre la nulidad del requerimiento fiscal que presentamos en febrero y que para nosotros adolece de graves vicios, pero que tampoco ha sido resuelto”.El abogado Horacio Alday, que fue socio de Graffigna en la mayoría de los casos de expropiaciones, pero que en un momento dado disolvió la sociedad, no está aún detenido y por esto, tanto la jueza María Inés Rosellot, como el abogado defensor, Fernando Echegaray, coincidieron en señalar que “aún no está considerado como prófugo”.

La propia jueza declaró ayer en Tribunales que “legalmente, Alday no es considerado como prófugo, porque para eso, hay que hacer una resolución declarándolo rebelde, pero eso todavía no se hizo”.

Por su parte el abogado Echegaray aseguró que “Alday está presente en el juicio desde el 23 de octubre de 2012, cuando pedimos la eximición de prisión que hasta ahora no fue resuelta por la jueza” y que “Alday se va a presentar a declarar, pero quiere hacerlo en libertad, como corresponde a este tipo de imputaciones”.

Casi con ironía, Echegaray dijo que “lo fueron a buscar al domicilio equivocado, a pesar de que en octubre informamos que vive en la calle Toranzo 282 y lo fueron a buscar al domicilio de Toranzo 440”.

El abogado del sospechoso de ser socio de Santiago Graffigna y de participar de una red destinada a obtener dividendos del estado de manera fraudulenta, presentó ayer “un pronto despacho para que la jueza resuelva el pedido de eximición de prisión y sobre la nulidad del requerimiento fiscal que presentamos en febrero y que para nosotros adolece de graves vicios, pero que tampoco ha sido resuelto”.

Cronograma de Indagatorias

La jueza del Quinto Juzgado de Instrucción que entiende en la causa de las expropiaciones, María Inés Rosellot, dio a conocer el cronograma de declaraciones indagatorias por el caso, que mantendrá el ritmo de dos personas por día, salvo la declaración del principal imputado, considerado como organizador de una trama que habría involucrado a abogados, jueces y funcionarios que se habrían puesto de acuerdo para sobrevaluar el precio de los terrenos expropiados, con el fin de cobrarle sumas multimillonarias al estado.

Hoy martes, los citados a declarar serán los ex miembros del Tribunal de Tasaciones Eduardo Olivero y Julio Fernández, mientras que mañana miércoles depondrán ante la jueza José Moreno y Pedro Bazzani que también trabajaban en el mismo lugar.

En el requerimiento del fiscal Carlos Rodríguez, los integrantes permanentes y transitorios del organismo de estado que fija el valor de los terrenos, están sospechados de haber inflado los precios o de acordar con el abogado Santiago Graffigna los mismos.

Para el jueves, está previsto que rindan su declaración indagatoria el ex presidente del Tribunal de Tasaciones, Joaquín Fernández y Néstor Adán Ruiz, ex empleado de la Subsecretaría de Recursos Energéticos, que tuvo un rol importante en la toma de posesión de los terrenos de Cuesta del Viento. Se lo relaciona con Héctor Baistrocchi, ex abogado de Fiscalía de Estado, involucrado y ya fallecido.

Para el día viernes se citará a la perito de la Fiscalía de Estado, ingeniera Ana María Melvin y posteriormente la exjueza del Primer Juzgado Civil Rosalba Marún de Sobelvio que quedó bajo sospecha por concentrar en su juzgado, al menos dos expedientes perdidos en otros juzgados y a quien se la acusa de fallar “de acuerdo a los intereses de Graffigna”.

El último de los 10 detenidos hasta ahora, será el abogado Santiago Grafiggna, quien es la persona sindicada como el organizador de las maniobras que se investigan y por las que el estado debió pagar sumas multimillonarias. Es quien que llevaba adelante la gran mayoría de los casos investigados como fraudulentos o por lo menos irregulares y quien cobró casi todos los desembolsos millonarios.APLa jueza del Quinto Juzgado de Instrucción que entiende en la causa de las expropiaciones, María Inés Rosellot, dio a conocer el cronograma de declaraciones indagatorias por el caso, que mantendrá el ritmo de dos personas por día, salvo la declaración del principal imputado, considerado como organizador de una trama que habría involucrado a abogados, jueces y funcionarios que se habrían puesto de acuerdo para sobrevaluar el precio de los terrenos expropiados, con el fin de cobrarle sumas multimillonarias al estado.

Hoy martes, los citados a declarar serán los ex miembros del Tribunal de Tasaciones Eduardo Olivero y Julio Fernández, mientras que mañana miércoles depondrán ante la jueza José Moreno y Pedro Bazzani que también trabajaban en el mismo lugar.

En el requerimiento del fiscal Carlos Rodríguez, los integrantes permanentes y transitorios del organismo de estado que fija el valor de los terrenos, están sospechados de haber inflado los precios o de acordar con el abogado Santiago Graffigna los mismos.

Para el jueves, está previsto que rindan su declaración indagatoria el ex presidente del Tribunal de Tasaciones, Joaquín Fernández y Néstor Adán Ruiz, ex empleado de la Subsecretaría de Recursos Energéticos, que tuvo un rol importante en la toma de posesión de los terrenos de Cuesta del Viento. Se lo relaciona con Héctor Baistrocchi, ex abogado de Fiscalía de Estado, involucrado y ya fallecido.

Para el día viernes se citará a la perito de la Fiscalía de Estado, ingeniera Ana María Melvin y posteriormente la exjueza del Primer Juzgado Civil Rosalba Marún de Sobelvio que quedó bajo sospecha por concentrar en su juzgado, al menos dos expedientes perdidos en otros juzgados y a quien se la acusa de fallar “de acuerdo a los intereses de Graffigna”.

El último de los 10 detenidos hasta ahora, será el abogado Santiago Grafiggna, quien es la persona sindicada como el organizador de las maniobras que se investigan y por las que el estado debió pagar sumas multimillonarias. Es quien que llevaba adelante la gran mayoría de los casos investigados como fraudulentos o por lo menos irregulares y quien cobró casi todos los desembolsos millonarios.