Se trata de una carta que el gobernador Francisco Pérez envió al presidente de la Suprema Corte de Justicia. En ella el mandatario provincial pide a Pedro Llorente que transfiera a cinco funcionarios de su gestión en el poder Ejecutivo al Máximo Tribunal.

Además de destacar la “idoneidad técnica, capacitación y antecedentes laborales” de su gente, Pérez solicita que evalúe “la transferencia de los cargos con sus respectivos créditos presupuestarios, de los profesionales que se detallan a continuación...”.

A partir de ahí, la carta -que fue enviada el 16 de noviembre-, detalla los nombres y las supuestas capacidades de las personas, que son: Griselda Castellanos, asesora de la Gobernación y Coordinadora de Ceremonial y Protocolo; Mauricio Guzmán, subsecretario de Trabajo y Seguridad Social; Gabriela Von Zedtwitz, directora de Administración de la Secretaría Legal y Técnica; María Mercedes Derrache, a cargo de la Contaduría General de la Provincia y Nicolás García Sánchez, asesor personal de Pérez.

“Lo que hace el Gobernador es solicitar al presidente de la Suprema Corte que transfiera los puestos de cinco funcionarios suyos con reserva de cargos y con el crédito presupuestario que tienen actualmente. Si bien no hay una irregularidad ni es ilegal, hay un tema ético: cuando termina tu gobierno te vas y tu gente también.

Lo peor es que al pedir que se mantengan los salarios quita al gobernador electo (Alfredo Cornejo) la posibilidad de utilizar ese Presupuesto con funcionarios que él quiera designar”, explicó una fuente que prefirió reservar su identidad.

Desde el Gobierno, en tanto, minimizaron la situación, asegurando que en todos los cambios de gestión se hace lo mismo y que no tiene nada de malo. Incluso remarcaron que no ven el “interés periodístico” al tema y ningún ministro quiso hablar con Los Andes al respecto. En el ámbito del Poder Judicial sólo aseguraron que esta ‘transferencia’ no se ha realizado hasta el momento, que Llorente no ha dado ninguna definición sobre qué hará pero que lo más probable es que no acepte.

Los amigos de la política

En la carta, Pérez -o quien la escribió en su nombre- se encarga de explicar los motivos por los cuales estas personas son necesarias en el Poder Judicial. “...Han participado activamente en grandes desafíos de proyectos laborales, proyectos de ley, trabajos y articulaciones con los distintos poderes del Estado, que este gobierno provincial en cabeza del Poder Ejecutivo, ha venido desarrollando (...). Humildemente creo importante seguir contando con su experiencia y capacitación lograda en pos del desarrollo institucional de la provincia considerando que, en el ámbito del Poder Judicial que Ud. preside, los mismos podrían seguir sirviendo al desarrollo e inserción de la provincia en los niveles más altos”, dice parte del texto.

Quizá a nivel mediático el más ‘conocido’ de los cinco es Guzmán. Se desempeñó primero como miembro paritario y es por eso, justamente, que cuando se lo menciona en esta petición, dice -entre otras virtudes- que el ahora subsecretario de Trabajo tiene “capacidad para actuar en escenarios de alta conflictividad, propiciando acuerdos”.Castellanos, que según el Boletín Oficial tiene su cargo desde octubre 2012, es muy buena en la “conducción de equipos y en la resolución de problemas ante imprevistos en eventos protocolares”.

Gabriela Von Zedtwitz, que está en el ministerio que conduce Francisco García Ibáñez (otro íntimo de Pérez), trabaja con el mandatario desde que él estaba al frente de la cartera de Infraestructura en la gestión de Jaque y, según la carta, es experta en “diseñar estrategias de sistemas y programas vinculados con el Banco Interamericano de Desarrollo”. La contadora Derrache no puede no estar en la Suprema Corte porque “ha participado activamente en la redacción de proyectos de leyes de presupuesto y administración financiera”.

Finalmente, el joven Nicolás García Sánchez, conocido en el ambiente como ‘El Colo’, tiene “habilidades en la coordinación de políticas públicas referidas al Sistema de Recursos Humanos” y es muy bueno en “la resolución de conflictos administrativos” dice por último Pérez en su carta, cerrando con una línea en la que se esperanza con que la respuesta del presidente de la Suprema Corte sea “pronta y favorable”.