El Gobierno provincial salió a pelear contra la virtual prohibición judicial de endeudamiento para este año dispuesta por la Sala I de la Suprema Corte de Justicia. Todo ocurre en medio de una indisimulable puja por ocupar el centro de la escena política entre el gobernador Francisco Pérez y el intendente de Godoy Cruz, Alfredo Cornejo, con la mirada puesta en el color político del próximo Gobernador.

“Estamos ante un fallo militante por celeridad y por contenido, del ala radical de la Suprema Corte”, concluyó el gabinete provincial en pleno en la reunión del pasado lunes por la tarde.

En primer lugar la Casa de Gobierno saldrá a mostrar un escenario caótico para la provincia, como consecuencia de la aplicación a rajatabla de una medida judicial, que podrá quedar efectiva hacia el martes próximo a las diez de la mañana.

A esa hora vencerá el plazo de constitución de la contracautela exigida a los legisladores y dirigentes radicales que promovieron la acción de inconstitucionalidad contra la reforma a la ley de Contabilidad de la provincia aprobada por el oficialismo con mayoría legislativa simple. 

Según trascendió, el ministro de Trabajo, Rodolfo Lafalla, hizo saber ayer al intendente radical de Rivadavia, Ricardo Mansur, que ha quedado postergada la habilitación de la planta de tratamiento de residuos sólidos de ese departamento, prevista para el próximo jueves con la presencia nacional de Jorge Capitanich y Marcelo Parrilli.

Hoy el superintendente general de Irrigación, José Luis Álvarez, se reunirá con productores de Lavalle a quienes advertirá que la paralización de las obras de modernización de la red terciaria del tramo inferior del Río Mendoza, en la Quinta Zona de Riego significará dejar sin agua “a 18.000 hectáreas, perjudicar a más de 1.000 productores, a 500 contratistas de viña, a 1.500 obreros rurales y a más de 500 puestos de trabajo relacionados directamente con la obra”. En tanto la organización ruralista Canpo, de filiación kirchnerista, ha llamado a movilizarse “en defensa de la aprobación del presupuesto y la continuidad de políticas públicas”.

Ya en la víspera el ministro de Hacienda, Marcelo Costa, adelantó que “habrá recorte en la obra pública y en los servicios del Estado, que no se podrán seguir prestando como se venía haciendo”. También subrayó que “se va a paralizar la obra vinculada a financiamientos internacionales”. Al tiempo admitió que “el plan que teníamos era tomar 600 millones de endeudamiento este mes y 600 ó 700 millones en diciembre”, que “el Gobernador dijo que no se afectará el salario de los trabajadores pero sí vamos a tener algunos problemas con proveedores”. 

A la hora de enumerar los trabajos en riesgo se menciona a la doble vía a Tunuyán, el tercer carril del Acceso Sur, la ruta entre Cacheuta y Potrerillos, la modernización del Poder Judicial, el sistema de turnos telefónicos del Ministerio de Salud, el paquete de obras de Aysam y la colocación de nuevas cámaras de seguridad, entre otras. 

“¿De dónde saldrá la contraparte provincial para la construcción de viviendas?”, se pregunta el titular del IPV, Omar Parisi.

“Esto es una extorsión”, contesta el radicalismo cuyos dirigentes consideran que hay fondos suficientes para continuar con la marcha del Estado, sin necesidad de acudir a endeudamiento.

La polémica se alimenta con la redacción poco clara de la medida de los ministros de la Corte, Alejandro Pérez Hualde y Jorge Nanclares. Es que entre las prohibiciones menciona a “los recursos provenientes de créditos públicos con autorizaciones legislativas cuyo ingreso ocurra durante la ejecución del presupuesto reconducido”.

En el Gobierno interpretan que esto significa la caída de los créditos aprobados en años anteriores -aun con los dos tercios de los legisladores presentes- que siguen ingresando fondos para obras que continúan este año.  “La Sala de la Corte entiende válidos los créditos aprobados por dos tercios de los legisladores e inválidos los que no cumplen con esto”, aclara un vocero de Tribunales, aunque la redacción no lo deja claro.

“No hay forma de aplicar esta medida. Los dos ministros de la Corte se han extralimitado. Una vez notificados vamos a atacar judicialmente y por la vía recursiva a un fallo tan sugestivo”, adelantan en la Casa de Gobierno.