“La gran estafa”

El diputado radical Roberto Risso al ser consultado sobre el convenio que firmó el gobierno con la empresa Adalia SA y que establece que los trabajadores deben renunciar a Alpesca para sumarse al nuevo proyecto, en el cual no figura en ninguna parte la norteamericana Red Chamber, dijo que “este es el mejor ejemplo de una gran estafa, hay un coreano que es brasilero, los 12 millones que puso el Estado más la inversión y la expropiación que no sabemos si serán 104 o 140 millones de pesos para que los trabajadores tengan que renunciar a Alpesca y sumarse a una empresa que nadie conoce, los empleados al renunciar pierden la antigüedad obligándolos a precarizar su trabajo, y esto lo hace el peronismo, y es una estafa”, dijo el comodorense.

Silencio sindical

Risso se preguntó qué papel juega el gremio, “no conoce Luis Núñez los alcances del convenio o ahora comienza a asustarse porque el trabajador se empieza a enojar y se da cuenta que es una estafa, qué van a arreglar con un coreano que es brasilero, dónde está Red Chamber y la inversión de millones de dólares que dicen que harán”, se preguntó al tiempo de sembrar sospechas sobre el rol que tuvieron los gremios de la actividad durante todo este proceso, donde hasta el momento habían mantenido un sugestivo silencio.

Barillari, el dueño real

Risso puso como ejemplo que “un barco con langostino factura por marea un millón de dólares. Detrás de Adalia SA está Barillari pidiendo cinco permisos de pesca; o sea en una marea se harán unos cinco millones de dólares, si en un mes hacen dos mareas son diez millones de dólares y los laburante qué… encima el Estado pone plata”, manifestó al criticar el acuerdo firmado el 12 de noviembre entre el gobierno y una empresa radicada en Trelew con cien mil pesos de capital social

Recordó que Alpesca tiene siete permisos de pesca, “pero si ahora piden cinco más es para Barillari que se fue fugado de Chubut en el Gobierno de Das Neves por una estafa. Lo cierto es que aquí ha perdido la ciudad de Puerto Madryn y los trabajadores, qué hicieron con los 12 millones de pesos que aprobó la Cámara y que eran para los trabajadores que ahora deben renunciar a Alpesca, quién se los llevó”, se preguntó.

Así las cosas, hoy se tratará el proyecto del gobierno que fue modificado en comisión, por el cual se autoriza al Ejecutivo, a través de la Autoridad de Aplicación designada en la Ley I N° 527, a la venta de la materia prima que se encuentra conservada en las cámaras de frío de la planta de procesamiento que perteneciera a la empresa Alpesca SA.

Canicoba Corral, el elegido

En otro orden, pero siempre vinculado a Alpesca y sus múltiples derivaciones judiciales, se supo ayer que el juez Fabio Monti resolverá el lunes el pedido del gobernador Martín Buzzi para que la causa por el crédito de 10 millones a Omar Cura Segundo pase a juez federal Rodolfo Canicoba Corral. “Es una maniobra que no solo es dilatoria, sino que pretende sustraer la causa de la Justicia Provincial”, dijo el fiscal Daniel Báez durante la audiencia realizada este miércoles en los Tribunales de Rawson.

Buzzi hizo una presentación ante el Juzgado Federal número 6 de Buenos Aires, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, indicando que el 20 por ciento del crédito de los 10 millones de pesos otorgado a Omar Cura Segundo, cuando era presidente de Alpesca, prevenían de fondos nacionales y, por ello, la causa que investiga una presunta “administración fraudulenta” sería de competencia federal. En la causa están involucrados funcionarios provinciales que tenían bajo su órbita de responsabilidad el manejo y la administración de fondos de la provincia de Chubut.

Buzzi es imputado

La fiscalía sostuvo la competencia del Poder Judicial de Chubut en la causa. Los argumentos de Canicoba Corral en la petición de inhibición que realiza al juez local Fabio Monti “son escasos, pobres y carentes de fundamentos. Mandé a pedir la petición completa de Buzzi a Canicoba Corral. No fue contestada”, indicó Báez durante la audiencia y afirmó que “la jurisprudencia no acompaña la postura de Canicoba Corral”. “Debe rechazarse el planteo del juez federal y en caso que se considere competente debe trabar la cuestión de competencia ante la Corte Suprema de la Justicia de Nación”, sostuvo el fiscal.

“Es una maniobra para sustraer la causa de la Justicia Provincial. No es casual y no solo que es dilatoria sino que pretende sustraer de la acción de la Justicia Provincial”, sostuvieron desde el Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal también planteó que “el gobernador Martín Buzzi no tiene legitimación para realizar el planteo”. “Buzzi es imputado, no hay duda de ello, pero no es parte del proceso ya que ha planteado fueros y está en trámite de resolución”, afirmó Báez.

Termina en la Corte Suprema

La querella, representada por el abogado Diego Martinez Zapata, compartió los argumentos de la Fiscalía en cuanto rechazar el pedido de Buzzi. La Fiscalía de Estado, también presente en la audiencia, decidió no opinar. “Solo vine a escuchar”, indicó el abogado provincial Roberto Díaz.

Los abogados defensores coincidieron que la causa deberá ir a la Corte Suprema de Justicia de Nación. “Debe ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, dijo el abogado trelewense Fabián Gabalachis, quien coincidió con la Fiscalía de que el planteo de Canicoba Corral “es escueto”. “Las cosas que empiezan mal difícilmente se arreglen”, sostuvo, por su parte, el abogado Jorge Benesperi, representante de Buzzi. “Esto termina en la Corte Suprema de Justicia”, indicó. El juez Fabio Monti notificará su resolución vía correo electrónico a las partes en tres días hábiles.

Los imputados son el gobernador Martín Buzzi; la ministro Gabriela Dufour; el ex ministro Coordinador y actual integrante del directorio del Banco Chubut, Carlos Eliceche; el ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Pedro Zudaire; Claudia Mundet, quien se desempeñaba como gerente general de Corfo; y los directores Gustavo Simón, Diego Hernández, Ernesto Siguero y Enzo Omar Romero Belastin.