El Gobierno envió, finalmente, el Presupuesto 2027 al Congreso, potenciando un mayor ajuste en sectores puntuales como Ciencia y universidades nacionales.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), los diferentes organismos que forman parte del sistema científico nacional, como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) recibirán partidas para acompañar la inflación del 18% prevista por el oficialismo para el año que viene.

El principal inconveniente es que si esa expectativa inflacionaria no se cumple, perderán nuevamente capacidad de financiamiento en términos reales.

Además, detalle fundamental, todavía no lograron recuperar la pérdida del 35% de sus ingresos reales desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, en diciembre del 2023.

Noticias Argentinas informó que el panorama es todavía más complejo para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que tendrá el año que viene una quita nominal de partidas del 12.4%, y para el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), quien tiene prevista una caída nominal de recursos del 5.2%.

El recorte presupuestario acumulado en términos reales en el caso del INTA es superior al 43%, mientras que el INTI tiene un recorte real acumulado de aproximadamente el 49%.

Que sucederá con las Universidades nacionales

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), el proyecto de ley presentado por el Gobierno de Javier Milei da 7,34 billones de pesos a las universidades nacionales, un número muy diferente a los más de 11 billones que exigió el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de toda Argentina.

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Además, el Capítulo II del proyecto del presupuesto incluye una cláusula que ya generó polémica porque exige a las universidades detallar sus gastos ante el Ministerio de Capital Humano, habilitando al Poder Ejecutivo a frenar las transferencias de dinero si no cumplen.