La apertura de archivos de la dictadura que podrían revelar información sobre el oscuro período de la represión no sólo en Brasil sino en todo el Cono Sur, tiene a mal traer al gobierno de Dilma Rousseff. La mandataria, que enfrentó una crisis política durante la cual perdió a su jefe de Gabinete, Antonio Palocci, tuvo una actitud que para muchos fue por lo menos ambigua en relación al tema de los Derechos Humanos entre 1964 y 1985, cuando los militares entregaron el poder a su principal aliado en la actualidad, José Sarney. En campaña prometió liberar toda la documentación pero en estas últimas semanas pareció sensible a la arremetida en su contra de los grandes medios en relación a la denuncia por corrupción contra Palocci. Finalmente, y ante la presión desde su partido y de sectores de la izquierda brasileña, dijo que no se mantendría el “secreto eterno” de los archivos.

Pero la situación, lejos de calmarse, volvió ayer al debate público tras la publicación del conservador Folha de São Paulo de presuntos cuestionamientos dentro del gobierno a la publicación de los meneados documentos. Así, el diario paulista desliza que “diplomáticos brasileños dejaron trascender su rechazo a la divulgación de los archivos sobre la Guerra del Paraguay, entre 1864 y 1870, debido a que esto puede afectar las relaciones bilaterales”.

En esa misma línea de alarmismo regional, Folha agrega que la desclasificación de papeles hasta ahora mantenidos en secreto implicarían generar controversias también con Bolivia, a raíz de la compra del estado de Acre a principios del siglo XX y con laArgentina, por información sensible sobre sus planes nucleares (ver aparte).

Al mismo tiempo, según el periódico, habría miembros del gobierno que verían con recelo “la liberación de papeles explicativos de los ejercicios militares realizados actualmente en las fronteras”, donde los uniformados son entrenados para combatir a un enemigo que puede ser alguno de los países limítrofes.

Pero el diario también pone algo de preocupación en boca de integrantes de las Fuerzas Armadas, que ya habían manifestado su oposición a la publicación de los archivos. En concreto, el rechazo esta vez hace foco en la información que mantienen bajo siete llaves sobre el accionar no sólo de los represores brasileños sino de todo el subcontinente en el marco del Plan Cóndor, que coordinó secuestros y asesinatos de luchadores sociales y políticos de la región en los ’70.

Otros de los capítulos considerados “sensibles” por diplomáticos y militares refiere a la compra, a principios del siglo pasado, del estado de Acre, que era parte del territorio boliviano.

Según se publicó a lo largo de la semana en varios medios brasileños, el Barón de Rio Branco, ex canciller y considerado como el “padre” de la diplomacia brasileña, habría consentido sobornar a funcionarios bolivianos para que cedan esa provincia de la región amazónica.