Desde mañana el Gobierno comenzará a pagar los aumentos en las jubilaciones y asignaciones familiares anunciados por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hace un mes. La medida implica volcar a la economía $ 18.000 millones anuales, que en su mayoría irán a estimular más aun el consumo, dado que se trata de sectores que destinan casi la totalidad de su ingreso a cubrir necesidades básicas. Por eso es que la medida tendrá un impacto casi pleno sobre el nivel de actividad y, posiblemente, también generará un renovado impulso sobre la inflación, en la medida que esta demanda adicional no logre ser abastecida por la oferta de bienes y servicios.

Algunos analistas privados esperan que septiembre sea el mes “pico” en cuanto a actividad de la economía. Un reconocido consultor de la city porteña hablaba anoche de “superseptiembre”. Es que el Gobierno redobla la estrategia de llevar todos los motores de la política económica al máximo de su capacidad. En el plano fiscal, con el gasto creciendo a un ritmo del 35% interanual, estos $ 18.000 millones más inyectarán al consumo una vitalidad adicional. Pero también a los precios.

En paralelo, la política monetaria tiene luz verde para volver a expandirse sin condicionantes luego que el directorio del BCRA autorizara la semana pasada la ampliación de las metas del programa monetario, que implican ampliar la oferta de dinero en $ 20.000 millones, monto similar a las utilidades que debe transferir al Tesoro y de las cuales resta girar cerca de $ 16.000 millones hasta fin de año.

Este escenario deberá ser incorporado en las estimaciones de los analistas, quienes ya calculan para 2010 un crecimiento de entre 8,5% y 9%.

De los $ 18.000 millones, $ 14.256 millones corresponden al aumento del 16,9% en las jubilaciones que comienza a regir mañana por la ley de Movilidad Jubilatoria, que establece dos subas anuales. A ello hay que sumarle $ 1.966 millones por el alza del 22,2% en la asignación familiar y otros $ 1.768 por idéntico aumento en la asignación universal por hijo. En adelante la jubilación mínima pasará a $ 1.046,5 mensuales, mientras que la asignación por hijo se incrementa $ 40 hasta llegar a $ 220 mensuales.

La medida en su conjunto alcanza a 14,2 millones de personas, uno de cada tres argentinos. En su mayoría se trata de jubilados y las familias de menores ingresos. Tendrá un marcado impacto en la economía porque –en la jerga de los economistas– los destinatarios son los estratos con mayor propensión marginal a consumir. Es decir aquellos sectores que destinan al consumo una mayor parte de cada peso adicional de ingreso.

Actualmente el consumo representa dos tercios del PBI del país y va en ascenso. La paradoja que plantea es que en este contexto juega a favor y en contra. Por un lado, tracciona la economía como ninguna otra variable. Pero el exceso de demanda fogonea aun más los precios.

Los aumentos en jubilaciones y asignaciones por hijo que anunció el Gobierno con un mes de adelanto fueron la respuesta política a los embates de la oposición por actualizar los haberes de la clase pasiva según el 82% del salario mínimo vital y móvil, proyecto que ya cuenta con la sanción de la Cámara de diputados. Rápida de reflejos, en aquella oportunidad Cristina Fernández advirtió a empresarios sobre eventuales subas de precios: “Que no vengan ahora a aumentar los precios porque hay aumentos a los jubilados y en las asignaciones familiares. Esto no les sale un peso, es toda inversión social del Estado”, alertó la mandataria.