El Ministerio de Capital Humano lanzó una ofensiva directa contra las casas de altos estudios al exigir a los rectores, mediante comunicados oficiales, medidas urgentes para garantizar el dictado de clases ante la medida de fuerza docente y no docente que atraviesa el sistema universitario. La cartera que conduce Sandra Pettovello instó a las autoridades académicas a asegurar la operatividad de los edificios, implementar esquemas de virtualidad y reprogramar contenidos, condicionando explícitamente el «sostenimiento financiero» del Gobierno nacional a la «protección irrestricta del derecho de enseñar y aprender».

La intimación, formalizada a través de un documento firmado por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, establece un plazo perentorio de 48 horas para la presentación de informes. El texto advierte que cualquier incumplimiento habilitará al Ejecutivo a revisar la asignación, ejecución o transferencia de los recursos presupuestarios. Esta medida se suma a una reciente comunicación oficial en la que el Gobierno manifestó una «extrema preocupación» por la suspensión de actividades, señalando a los gremios como responsables de dejar a los estudiantes como «víctimas» de la interrupción del calendario académico.

Desde el arco gremial y estudiantil, la respuesta fue de rechazo absoluto. Referentes de CONADU y la Federación Universitaria Argentina (FUA) calificaron la avanzada oficial como una «cortina de humo» destinada a eludir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La tensión se traslada ahora a las calles. La comunidad universitaria, que viene sosteniendo el funcionamiento de las facultades pese a la devaluación de sus ingresos, ha confirmado la realización de la cuarta Marcha Federal para el próximo 12 de mayo. La convocatoria, organizada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la FUA y los frentes gremiales, busca presionar por la aplicación efectiva de la ley y la recuperación del salario docente. Mientras el Gobierno intenta judicializar y presionar administrativamente a las universidades, los gremios anticipan una respuesta multitudinaria, interpretando la repentina reivindicación oficial del derecho a la educación —enmarcada en las amenazas de recorte— como un síntoma de alarma ante el creciente descontento social.