En el marco de la quiebra presentada por Curtarsa a fines del año pasado, se sumó al extenso expediente abierto en el Juzgado Civil y Comercial Nº 3 de Mercedes la primera oferta de compra que transita por carriles absolutamente alejados de la actividad de curtido. Se trata de una propuesta elaborada por los actuales propietarios del Parque Industrial Villa Flandria.

Según figura en la documentación judicial, la alternativa busca transformar el predio de Jáuregui en un polo de industrias no contaminantes. Para alcanzar el objetivo de la compra, los empresarios ofertan 25 millones de pesos, a pagar en ocho cuotas consecutivas.

Si bien el presidente del complejo industrial que funciona en la ex Algodonera Flandria, Carlos Diforti, prefirió evitar mayores detalles, confirmó a este medio que la oferta fue presentada a fines del mes pasado. Al respecto, el empresario explicó que "la idea es hacer una propuesta donde prevalezca el equilibrio entre sostener la creación de puestos de trabajo y el medio ambiente".

En cuanto a las proyecciones en caso de concretarse la adquisición de las instalaciones de Curtarsa, el empresario puntualizó que "creemos que se pueden instalar varias empresas en el predio, dando prioridad de empleo a los trabajadores de la curtiembre, a través de producciones amigables con el medio ambiente".

Hasta el momento, existen otras dos propuestas. La primera de ellas involucra a la empresa Leather Land. La firma, cuyos antecedentes se desconocen, ofertó 24 millones de pesos a pagar en comodísimas cuotas, y especificó que la reanudación de las actividades necesitará de unos 130 trabajadores.

Además, Leather Land le expuso al juez Héctor Méndez una serie de condiciones que abarcan desde los permisos de funcionamiento hasta la prohibición de cualquier tipo de reclamo sindical por el transcurso de tres años, en lo que se presenta como una clara colisión con postulados constitucionalmente consagrados, por ejemplo el derecho a huelga.

La otra propuesta para darle continuidad a la actividad de curtido fue elaborada por un grupo de trabajadores que cuentan con el respaldo del Sindicato Obreros Curtidores (SOC). En ese sentido, se busca que el juez determine la continuidad laboral de Curtarsa bajo la administración de una cooperativa.

AUTORIZACIONES

"Admitir la declaración de certeza peticionada por la Sindicatura dejando establecido que los permisos y/o habilitaciones municipales, provinciales y/o nacionales que la fallida tuviere para su funcionamiento forman parte de la intangibilidad de su patrimonio y de su propiedad a los efectos de su enajenación, y por ende, decretar la prohibición de innovar respecto de todas las mismas, sin perjuicio que la adquirente cumpla con todas las disposiciones legales en la materia".

El párrafo citado forma parte de la reciente resolución del juez Méndez a partir de una medida cautelar impulsada por el Sindicato de Obreros Curtidores (SOC). Al margen de los tecnicismos jurídicos, la determinación del magistrado apunta a extender la vigencia de las habilitaciones y los permisos. La decisión resulta así un requisito importante para que la compra de Curtarsa quede en manos de otra curtiembre.

Por otra parte, según las fuentes consultadas por este medio, la posición tomada por Méndez incide directamente en los montos que conllevaría una posible venta: si el predio se vende como curtiembre, con las respectivas autorizaciones de funcionamiento, adquiere un valor muy superior a si el traspaso deja a un lado la actividad del curtido.

En una situación de intereses cruzados y enfrentados, la resolución del Juzgado Civil y Comercial Nº 3 parece también una respuesta concreta a la posición que semanas atrás hizo pública el gobierno municipal encabezado por Oscar Luciani. En una reunión con el juez y los síndicos, el intendente aclaró que su gestión no otorgará nuevas habilitaciones para que Curtarsa reabra sus puertas como curtiembre.

Luego de las expresiones públicas del jefe comunal, el SOC le pidió a Méndez, "para darle seguridad jurídica a los posibles compradores y/o autogestión de continuidad productiva, el dictado de una medida cautelar que prohíba innovar respecto de todas las habilitaciones y/o permisos para funcionar que posee la fallida".

En la medida cautelar redactada por los representantes legales del sindicato se exponen duros cuestionamientos al intendente Luciani. En tal sentido expresan que "nos oponemos en forma enérgica a lo expresado por el Poder Ejecutivo de la ciudad de Luján, ya que sus dichos en el expediente, sumado a la publicidad que se le ha dado en los medios (ejemplo Civismo Virtual), hacen que se ataque directamente al patrimonio de la fallida, ya que se le estaría negando un derecho adquirido y protegido por la Constitución Nacional, ya que se le quita un bien que es intangible (habilitaciones para funcionar) y hace al todo de la empresa".

Los autores de la acción judicial aseguran que si prospera la postura del gobierno local en cuanto a los permisos correspondientes, Curtarsa dejaría de ser una curtiembre. Por eso, "las expresiones del señor intendente son totalmente dañosas y sólo buscan beneficiar a otras empresas, específicamente textiles". En ese contexto, "hacemos responsable al señor intendente por la desvalorización, atento que toda posible oferta de empresas de explotación y comercialización de cuero quedan afuera de todo posible salvataje o autogestión de los trabajadores". Se cita como marco jurídico la Ley de Quiebras, la cual "no prevé el cambio de rubro".