Presentaron a Mariotto pedido para tratar excarcelaciones en audiencias

Representantes del CELS, la Comisión por la Memoria, junto a jueces y defensores oficiales expusieron ante el vicegobernador Gabriel Mariotto un pedido para generar audiencias públicas sobre la ley de excarcelaciones que deberá tratar el Senado. “Nos dijeron que lo iban a estudiar”, comento tras el encuentro Julián Axat, Defensor Penal Juvenil.
En diálogo con INFOCIELO, Axat precisó que el Vicegobernador “escuchó los puntos de vista del CELS, de la CPM y de algunos jueces y defensores que expusimos. Hubo una buena recepción”. “Dijeron que lo iban a estudiar”, añadió el funcionario.

El planteo consta de un petitorio, con 500 firmas, entre las cuales se cuentan 30 organismos de Derechos Humanos y más de 50 funcionarios judiciales, con miras a que se debata en audiencias públicas el proyecto de limitación de excarcelaciones, presentado por el Poder Ejecutivo y aprobado en Diputados, antes de su tratamiento en el senado.

Axat precisó que el pedido se funda en “objeciones constitucionales” a la iniciativa. “Las políticas de desarme son del ejecutivo, de políticas concretas, y no de la justicia”, afirmó. “Delegarle a la justicia la política de desarme no corresponde”, añadió.

También pidió a los senadores que “vayan a fondo” con un “análisis más profundo”, luego de escuchar a los especialistas. Sobre la media sanción obtenida por el proyecto en Diputados, Axat opinó que los legisladores “analizaron parcialmente” el proyecto, y omitieron prever “las consecuencias que va a traer esto en población carcelaria de niños y adolescentes”, donde la ley impacta más fuertemente y trae la posibilidad de duplicar la cantidad de detenidos.

El defensor de Jóvenes afirmó que la de Scioli es “una medida demagógica” y que “los jueces tienen facultades para denegar excarcelaciones”, con lo cual “no hace falta la ley”. “Se busca darle facultades a la policía para que cuando forma una causa penal seleccione a quién le coloca el arma”, explicó.

Como contrapartida, precisó, “es mucho más serio que esto generar un instrumento para controlar las armas en custodia que tiene la Policía”, de manera que “armas que aparecen en allanamientos no vuelvan a aparecer”. “Esa es una política de desarme más concreta. Si nosotros controlamos y aseguramos las líneas de custodia dentro de las áreas evitamos que las armas entren al mercado negro desde ahí”, consideró.

Por último, insistió en que el proyecto “es inconstitucional” y que así lo va a terminar afirmando la Suprema Corte bonaerense. “La Constitución dice que todos son inocentes hasta que una sentencia dicte lo contrario”, concluyó.

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